El Juzgado número 3 de El Puerto de Santa María acoge hoy una vista oral para decidir si fija medidas cautelares hasta establecer la capacidad física y mental de Rafael Ricardi para gestionar su patrimonio. La vista sobre el nivel de autonomía intelectual del portuense, que pasó 13 años en prisión por un delito que no cometió, se decidirá en un juicio el próximo mes de septiembre.
Lo que se discute hoy es una pieza separada para establecer si es necesario tomar algún tipo de medida preventiva o de control administrativo hasta que su situación personal quede definida al final del verano.
Rafael Ricardi recibió una indemnización final de 1,1 millones de euros por pasar casi 14 años encarcelado, acusado de una violación que unas pruebas de ADN demostraron que tenían otra autoría. Tras una compensación inicial y un recurso, la Audiencia Nacional fijó esa cantidad definitiva como compensación, muy lejos de los diez millones que solicitaban los representantes de la víctima pero el doble de la que recibió inicialmente.
La Audiencia Nacional ya mostraba en esta resolución la preocupación por la capacidad intelectual y física que pueda tener el portuense a la hora de gestionar una suma de dinero tan importante y ordenaba remitir el expediente del caso a la Fiscalía por si fuera necesario iniciar un proceso de incapacitación.
Entre los motivos que expusieron está el deterioro físico que presenta el portuense derivado de su estancia en la cárcel donde, según sus letrados, contrajo el virus de la hepatitis C y no fue correctamente tratado. Además, carece de visión en un ojo.
Aviso de la Audiencia Nacional
La sala de la Audiencia entendió que no había pruebas para sustentar esa relación causa-efecto y recordaba que Ricardi, antes de ingresar en la cárcel, era «consumidor abusivo, con largo tiempo de evolución, de alcohol, cannábicos y heroína por vía parenteral y fue precisamente en la prisión donde logró superar la adicción». Por tanto, concluían los magistrados, si el origen de la enfermedad «como todo parece indicar», estuvo en su adicción a las drogas, no se puede achacar esa dolencia a su estancia injusta entre rejas.
Sin embargo, pese a disociar estas circunstancias, la Audiencia Nacional en esa resolución ya dejaba entrever dudas sobre la capacidad física y mental de Rafael Ricardi, por lo que se cuestionaba si era necesario articular mecanismos de protección ante una posible incapacidad mental del portuense. En virtud de los informes forenses presentados, que evalúan la situación psicológica de este ciudadano, se desprende que tiene una edad mental de ocho años, «prácticamente una demencia» indicaba el tribunal. «Dicha situación no puede ser desconocida por la Sala ante la posible incapacidad del mismo que exija atender a la protección de su persona y de su patrimonio, ya que este último puede verse incrementado de forma sustanciosa tras la vía reclamatoria instaurada» que le supondrá recibir, en distintos pagos, algunos aún pendientes, hasta 1,1 millones de euros. Ese proceso, el de establecer su capacidad para manejar su patrimonio arrancará en septiembre. Hoy se ven posibles medidas cautelares, preventivas, para que hasta entonces Rafael Ricardi no pueda cometer ningún error o dispendio que pueda perjudicar sus posesiones y cuentas corrientes.
