Hace más de 20 años, un grupo de ciudadanos hartos de convivir con la droga y que nadie denunciara como ésta circulaba sin pudor alguno por algunos puntos claves de la provincia, decidieron dar un paso adelante e impulsar los primeros movimientos asociativos en contra del narcotráfico. Hoy en día la coordinadora Nexos, que nació de una escisión de la federación Redein, es el gran quebradero de cabeza de los traficantes. Su ámbito de actuación va desde el trabajo de prevención hasta la personación en causas judiciales como acusación popular contra este tipo de bandas. Pese al trabajo desplegado en concienciar y perseguir, la supervivencia de la principal coordinadora antidroga de la provincia está en peligro por falta de ayuda pública.
Así lo denunciaba ayer el presidente del colectivo, Francisco Mena, que aprovechó la celebración del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas para advertir «que todo la labor que se había construido en 20 años podría desaparecer en estos años con la excusa de la crisis». La Junta de Andalucía les adeuda en torno a 600.000 euros del ejercicio de 2011. Unas ayudas que se conceden a través de distintas consejerías como Empleo o Bienestar Social y que pese a ser aprobadas, el dinero no ha llegado. «Ya llevábamos desde 2008 con recortes, pero tirábamos hacia delante. Ahora es que no nos llega financiación». Una realidad que contrasta con los argumentos repetitivos de la Administración andaluza, que niega haber metido la tijera salvo por imposición del Gobierno central, gobernado por el PP desde hace seis meses.
La coordinadora Nexos aglutina a 18 asociaciones de la provincia, algunas de las cuales llevan más de 20 años trabajando para erradicar la droga. Las más pequeñas, por número de miembros y radio de acción, recibían un promedio de entre 1.000 y 3.000 euros anuales para sufragar sus programas. Mena pone como ejemplo la asociación jerezana Puertas Abiertas, que se dedica a asistir a los presos. «Las subvenciones les permitía cubrir los gastos de desplazamientos a los centros penitenciarios de la provincia. Ahora están cubriéndolo de su bolsillo». Unas soluciones de urgencia que abocan a este movimiento asociativo, de no abrirse de nuevo el grifo de las ayudas públicas, al cierre definitivo.
20.000 niños afectados
El panorama «es muy negro», aseguraba Mena, porque para este año algunos departamentos de la Junta «no han convocado nuevas subvenciones». Con los impagos del ejercicio anterior y la falta de financiación para el presente, algunas de las asociaciones ya han adoptado las primeras medidas para sobrevivir. Todas ellas pasan por eliminar servicios asistenciales, programas de prevención y que el trabajo recaiga en voluntarios.
Los primeros programas que han caído han sido los que se desarrollan dentro de las cárceles y las actividades de concienciación con padres para impedir que sus hijos sucumban al negocio de la droga. En ellas participaban unos 20.000 niños gaditanos, 12.000 de los cuales residen en el Campo de Gibraltar donde el narcotráfico es una rémora que lastra la comarca hace décadas.
En la línea roja también se encuentra el servicio jurídico que presta la coordinadora, que ejerce la acusación popular en decenas de asuntos contra bandas de narcos. «De estos recortes los grandes beneficiados van a ser los narcos, que van a tener menos obstáculos». Por eso lanzan un llamamiento de urgencia para que las administraciones paguen las subvenciones aprobadas y trabajen en un modelo de atención en drogodependencias de calidad y con transparencia presupuestaria.
