Fuentes de la administración autonómica puntualizaron que a pesar de la caducidad de estas licencias de obras, todos los inquilinos de las fincas afectadas se encuentran realojados por la Junta o en proceso, como es el caso de la calle Amaya, 2. Además, señalaron que las causas de la caducidad de estos permisos para construir se deben a diferentes motivos, algunos ajenos al Gobierno regional. En este sentido, explicaron que además de la crisis económica que ha afectado a todas las administraciones, también se han anulado algunos convenios ya acordados por decisión de la propiedad, como ocurrió en la calle Goleta, 8. Otra de las causas que esgrime la Junta es la falta de acuerda con propietarios como el Obispado, que impidió acometer la actuación en los números 8 y 10 de la calle Arbolí. Asimismo, en el caso de la finca de Corralón de los Carros, 59, la comunidad de propietarios no se ha puesto de acuerdo para afrontar la obra.
«En definitiva, la Junta de Andalucía ha dado respuesta al problema de la vivienda en Cádiz y ha realojado a los vecinos de todas las fincas con licencias caducadas, permisos que en otros Ayuntamientos han quedado en suspenso, evitando con ello tener que volver a realizar el trámite cuando se vaya a ejecutar la obra y, en el caso de Cádiz, hacer un proyecto nuevo que responda a las directrices que marca el PGOU recientemente aprobado, con el correspondiente coste económico que ello conlleva», puntualizaron fuentes de la administración regional.
Asimismo, denunciaron que el Ayuntamiento también tiene proyectos parados o que no ha podido acometer por los mismos motivos que la Junta.
