El propietario de una empresa, con sede social en El Puerto, que se encarga del montaje de aislantes térmicos y acústicos ha pactado una sentencia de conformidad con el Ministerio Fiscal que le ha evitado la celebración del juicio y la imposición de una pena mayor. Tres meses de cárcel, que no cumplirá al carecer de antecedentes y tratarse de un castigo menor, y una multa de 540 euros ponen el punto y final a un proceso judicial que ha soportado retrasos injustificados. Una vez más esas dilaciones indebidas han actuado como atenuante para el acusado.
La vista oral debía haberse celebrado en el juzgado de lo Penal nº 3 de Cádiz, pero el acuerdo entre ambas partes desembocó en la citada sentencia por conformidad.
El empresario ha sido condenado por un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de lesiones. Los hechos por los que ha sido sentenciado ocurrieron el 24 de septiembre de 2001. Ese día, un peón contratado por la firma del condenado tenía que reparar una cubierta de fibrocemento; un trabajo en altura para el que se subió a una escalera hasta acceder a una cubierta metálica previa. Desde esa zona al lugar donde debía acometer el arreglo, según se lee en la sentencia, no había ninguna escalera de comunicación pese a que existía un desnivel de más de un metro.
El trabajador optó por saltar y al caer en la placa de fibrocemento, ésta se rompió y se precipitó desde una altura de más de cinco metros. Las lesiones sufridas por la víctima consistieron en varias fracturas, que requirieron de tratamiento quirúrgico y ortopédico. El peón necesitó de más de un año para recuperarse y le quedaron varias secuelas como la limitación en la movilidad de articulaciones como la muñeca.
La inspección de la obra confirmó que los trabajadores desempeñaban sus tareas sin ningún tipo de medida de seguridad. Si bien la empresa les había dotado de cinturones de seguridad, «los mismos eran inoperativos ya que no existían puntos fijos donde engancharlos».
La Fiscalía pedía de inicio una pena de un año y cinco meses de cárcel para el empresario, pero reconoció que existieron dilaciones indebidas en el proceso y que el acusado ya había indemnizado a la víctima, la cual renunció al ejercicio de acciones civiles y penales. Esto motivó una sentencia de conformidad.
