Guardia Civil concluye un caso de urbanismo ilegal con 38 imputados

El Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil de Cádiz ha completado una larga investigación que les ha llevado unos tres años para encajar todas las piezas de una trama dedicada a sacar pingües beneficios burlando el planeamiento urbano de Chiclana. Un entramado al que han podido vincular finalmente a 38 personas, muchas de las cuales ya prestaron declaración en calidad de imputados a partir de 2009, cuando estalló la operación con el arresto de seis personas. Una vez más el Instituto Armado muestra a través de sus indagaciones cómo profesionales tales como arquitectos, abogados, promotores o agentes colaboradores de entidades financieras sacaron tajada durante la época dorada del ladrillo, incumpliendo la normativa urbanística a su antojo. El resultado ha sido una herencia de miles de viviendas ilegales que ahora las administraciones se ven obligadas, por la presión social, a regularizar no sin pocos obstáculos.

El caso que ayer recordaba de nuevo la Benemérita se lleva instruyendo en los juzgados de Chiclana desde 2009 y se encuadra dentro de los llamados Obra Nueva. Un engaño que proliferó como fórmula para construir en suelos no urbanizables. Los promotores que recurrían a él, tiraban de arquitectos que certificaban la existencia de viviendas con determinada antigüedad en parcelas que incluso estaban sin edificar y así apelar a la prescripción de posibles sanciones urbanísticas. Obtenido dicho certificado e inscrito el falso inmueble en el Registro, la parcela quedaba regularizada aunque la casa no estuviera construida o solo levantados los cimientos.

Esta investigación salpicó en su día a nombres ya conocidos y vinculados de por vida con el urbanismo ilegal como el arquitecto Joaquín Palli Selga, a quien recientemente le denegaron un indulto y la Audiencia le ordenaba que ingresara en prisión a principios de abril. Más de medio centenar de denuncias por firmar certificados falsos de antigüedad tienen la culpa. En este caso en concreto, la Guardia Civil lo acusó en 2009 de haber rubricado documentos similares en 2005.

Estas pesquisas se centraron en las actividades de una empresa promotora, dirigida por tres hermanos de Chiclana, que se dedicaba a comprar parcelas para después dividirlas y venderlas en el mercado inmobiliario. Al tratarse de suelos no urbanizables, tenían que echar mano de toda una cadena de profesionales para dar la apariencia de que esos solares estaban ocupados por inmuebles con más de cuatro años de antigüedad. Ese ardid les permitía sacar a la venta unas parcelas regularizadas y que, por tanto, multiplicaban su precio original.

Ya en 2009, cuando se conocieron los primeros datos de esta investigación, la Guardia Civil alertaba de que los promotores estaban recurriendo a testaferros para que inscribieran los inmuebles ficticios y alejarse así de posibles problemas judiciales. Ayer la Benemérita volvía a subrayar este aspecto; al igual que el uso de documentación falsa para obtener préstamos hipotecarios. Una vivienda ilegal al no estar escriturada la entidad financiera no concede dinero. La estrategia era recurrir a tasadores o agentes colaboradores de bancos que llegaban a valorar bienes distintos al que supuestamente se iba a hipotecar para obtener la liquidez deseada. Fuentes judiciales confirmaron que esta semana se van a realizar nuevos interrogatorios de imputados.