ajustes en educación

La plataforma por la educación pública recorre Cádiz

Unas 300 personas terminaron la jornada reivindicativa ante la sede de la Subdelegación del Gobierno

CÁDIZ Actualizado: Guardar
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La Plataforma Andaluza de la Educación Pública recorrió ayer Cádiz en defensa del sector. La protesta celebrada en la capital gaditana, desde por la mañana, estuvo acompañada por paros en los centros escolares de Infantil y Primaria y también Secundaria. A mediodía, la movilización de los estudiantes partió de la plaza de la Catedral y derivó en una marcha hasta la Subdelegación del Gobierno. También frente a esta sede terminó la concentración celebrada por la tarde. El objetivo de los convocantes (centrales sindicales y agrupaciones de estudiantes y profesorado) era protestar contra los recortes en el sector educativo que, según explicaron los portavoces, supondrán una pérdida en la calidad de la educación y también perjudicarán a los que tienen menos recursos.

La concentración vespertina a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz consiguió reunir a más de 300 personas de los diversos colectivos que componen la plataforma, con la pancarta que recorrió la ciudad durante todo el día con el lema 'Defendiendo la Educación Pública'. A juicio de Comisiones Obreras, la aplicación en Andalucía de las medidas del Gobierno acarrearían un enorme daño a la escuela pública.

Tras los sucedido por la mañana, el Sindicato Provincial de Enseñanza de CC OO insistió en que la política de recorte del Ministerio de Educación, significarán pérdidas de puestos interinos, el aumento significativo del número de docentes suprimidos y desplazados por falta de horario, la reducción del número de personal educativo complementario y su repercusión negativa en la integración escolar y la atención a la diversidad, la perdida de unidades en escuelas rurales, la desaparición de numerosos programas educativos, la imposibilidad de implantar nuevos ciclos de Formación Profesional y de Programas de Cualificación Profesional Inicial, el cierre de servicios educativos complementarios, la no sustitución del profesorado hasta al menos los diez primeros días de baja ni del personal educativo complementario, la reducción en los gastos de funcionamiento de los centros o la disminución presupuestaria en la inversión en becas.