Privatización del acceso a la abogacía

Desde hace varios meses, los estudiantes de la antigua licenciatura en Derecho (extinguida en 2010 y que generará licenciados hasta 2014) esperaban una decisión de los Ministerios de Justicia y Educación que les eximiera de cumplir los requisitos establecidos en la Ley de acceso a la abogacía, publicada en 2006 y que entró en vigor cinco años después. Para ser abogado, dicha Ley requiere, además de la carrera, un máster universitario o un curso organizado por los colegios de abogados, y la superación de un examen específico. El Gobierno ha aprobado el pasado 2 de marzo un régimen transitorio para esos licenciados, que les obliga a realizar unas prácticas organizadas por los colegios de abogados y el inevitable examen. La decisión es polémica y ha provocado movilizaciones de los estudiantes, que a mi juicio tienen razón.

El sistema de acceso a la abogacía previsto en la Ley de 2006 refleja la falta de criterio político de quienes la promovieron, bajo la batuta del entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Cuando por aquel entonces se gestaba una gran reforma de la enseñanza universitaria (conocida con el sobrenombre de Plan Bolonia), marcada por la necesidad de complementar la carrera de grado con un máster universitario, los precursores de la Ley se dejaron presionar por el 'lobby' de la abogacía y permitieron que los colegios profesionales ofrecieran una alternativa (privada) a dicho máster (público), concediéndoles además competencia exclusiva sobre la organización de las 'prácticas externas', lo que satisfacía una reivindicación colegial que data de los años 80 y que ha suscitado siempre gran controversia: la 'pasantía'.

Desconoció el legislador que las Facultades de Derecho contaban ya entonces con un notable servicio de 'prácticas externas', que ha permitido a sus estudiantes formarse gratuitamente en despachos y otras entidades públicas o privadas, como ayuntamientos, diputaciones, empresas o notarías. La imagen de la Universidad meramente teórica había pasado a la historia en 2006 y mucho más en 2012, cuando el Plan Bolonia se encuentra en pleno desarrollo. Por consiguiente, el propósito de aquella decisión política fue la privatización encubierta del acceso a la abogacía, obligando a los estudiantes no ya solo a trabajar gratuitamente en los despachos sino a sufragar de su propio bolsillo dicho trabajo, eufemísticamente denominado 'prácticas externas'. Entre 2006 y 2011, los sucesivos gobiernos del PSOE incurrieron en la grave irresponsabilidad de no desarrollar la Ley, fomentando con ello mil rumores sobre cómo quedaría definitivamente perfilado el sistema de acceso. Solo en junio de 2011 se procedió a dicha reglamentación (RD 775/2011) y aún hubo que esperar hasta diciembre para conocer los criterios del examen de habilitación, casi el último acto del ministro Francisco Caamaño. Una auténtica desidia, acompañada por el desconcierto de nuestros estudiantes y de los decanos de las Facultades de Derecho, que han pedido reiteradamente durante esos cinco años una reglamentación clara a los Ministerios de Justicia y Educación, sin obtener respuesta alguna hasta que ya era demasiado tarde. Quedaba por resolver el problema de los estudiantes de licenciatura, ajenos al Plan Bolonia y respecto a los cuales hubiera sido acertado eximirles por completo de cualquier requisito ulterior, dada la mayor duración de sus estudios y la distinta configuración de los mismos. Con ese problema se han topado los actuales ministros de Justicia y Educación nada más acceder a sus cargos. Y, aunque resultara difícil, han superado en incompetencia a sus predecesores. Haciendo gala de una indolente frivolidad, Gallardón ha sumido a nuestros estudiantes en una zozobra continua, pues sus declaraciones sobre el régimen que se les iba a aplicar quedaban matizadas a las pocas horas cuando no rectificadas, pura y simplemente, a los pocos días. Mientras tanto, el ministro José Ignacio Wert no ha dicho nada, como si la cosa no fuera con él, cuando está en juego la habilitación profesional de estudiantes universitarios.

Estos son los precedentes de la reforma aprobada el pasado 2 de marzo, que solo cabe calificar como incoherente e injusta. Incoherente, porque olvida por completo que la formación de los estudiantes de Derecho es universitaria y deja a la Universidad fuera de este régimen transitorio para los licenciados, a quienes se exige realizar las 'prácticas externas' y el examen, pero no el máster que sirve para prepararlo, quizá pensando que otros se encargarán de ello (¿tiene algo que decir al respecto el ministro Wert o permanecerá mudo?). Ni siquiera es seguro cuándo se realizará el primer examen, si en 2014 -como está previsto- o en el año 2013, como parece aconsejable dado que, en caso contrario, los licenciados de 2012 deberían esperar año y medio de brazos cruzados. Incertidumbre que asalta a miles de estudiantes cuando faltan menos de tres meses para que terminen la carrera.

Los autores de esta apresurada reforma pueden estar satisfechos si lo que pretendían era desconocer olímpicamente el mayor sacrificio que supone realizar una carrera de cinco años frente a otra de cuatro, obligar a los abogados en ciernes a abonar a los colegios profesionales unas prácticas cuyo coste carece de criterio regulador (al contrario de lo que ocurre con un máster universitario público) y, en fin, llevar hasta el extremo la precarización laboral que patrocina este Gobierno, ofreciendo al empresario-abogado mano de obra jurídica de calidad universitaria no ya a coste cero sino previo pago del puesto de trabajo por el propio trabajador-estudiante, quizá en un ensayo de nuevas fórmulas de inserción profesional. ¿Quién da más?