El proyecto del parque tecnológico Las Aletas no ha dejado de acumular detractores desde su anuncio. La ocupación de terrenos del dominio marítimo público terrestre y su estrecha relación con el Parque Natural Bahía de Cádiz ha complicado el desarrollo de la iniciativa hasta el punto de que una sentencia del Tribunal Supremo llegó a paralizar las obras en octubre de 2009 y obligó a replantearlo todo. Desde entonces el trabajo se ha reducido al papeleo de despacho con un rosario de trámites administrativos elevados ante los distintos ministerio. Sobre el terreno apenas se realizan labores de limpieza a la espera de contar con todas las bendiciones.
Pero parece que tardan en llegar. El último paso fue la redacción de un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) y un documento de planificación de los usos que contempla diferentes alternativas de desarrollo de la zona. Ambos fueron presentados ante el Ministerio de Hacienda y el de Medio Ambiente, Rural y Marino -ahora Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- para su exposición pública.
La primera respuesta a esta nueva reordenación ha procedido de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa que desaconseja el proyecto en una contestación emitida el pasado 3 de enero y que dio ayer a conocer la organización ecologista WWF/Adena, la misma que interpuso el recurso ante el Supremo. Este departamento considera «injustificable» la reserva mínima de 300 hectáreas del dominio público marítimo terrestre e incluso sugiere la posibilidad de volver a replantearlo reduciendo esa superficie ocupada. Según recoge el documento, propone incluso la posibilidad de albergar los diferentes usos -acuícolas, medioambientales y productivos- en otras zonas de la Bahía donde quede suelo industrial desocupado. Cabe recordar que la alternativa propuesta en el informe de Tragsa contempla cinco áreas: una zona de actividades logísticas portuarias (a la que se reserva 113 hectáreas), otra tecnológica para I+D (150 hectáreas), empresarial e industrial (84 hectáreas), medioambiental (140 hectáreas) y de producción y transformación de cultivos marinos (40 hectáreas). En total 527 hectáreas que darían vida a un páramo hoy abandonado.
También hace apreciaciones a las justificaciones planteadas en el Informe de Sostenibilidad como la ventaja que supondría para el puerto de Cádiz. Costas asegura que no se ha evaluado si otra alternativa más de complejo intermodal en un entorno en el que existen varios similares puede tener cabida. Según indica el documento «esta evaluación sería esencial porque persigue evitar el peor de los escenarios posibles: la paralización y abandono de las actividades después de haber realizado las obras».
E incluso plantea como una traba el espacio reservado al desarrollo de la energía eólica marina al argumentar que el Ministerio ya considera este espacio como una zona de exclusión para instalar parques de este tipo. Sin embargo, Costas no ha tenido en cuenta que la propuesta de Tragsa supone instalar un complejo eólico, sino crear complejo especializado en el que desarrollo de tecnología offshore para una planta de montaje o almacén de palas.
La organización ecologista ha aplaudido esta decisión que, según explica, viene a confirmar lo que han defendido estos últimos años. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, consideró ayer que «este informe refleja las enormes carencias e incongruencias del Plan Las Aletas, cuyo único objetivo es conseguir suelo gratis sacrificando la costa».
En cualquier caso, el documento no es vinculante, simplemente consultivo y, a priori, no supondría un nuevo frenazo al proyecto. Pero hace crecer el pesimismo alrededor de la iniciativa empresarial. Como poco, Costas solicita que, de seguir adelante con este proyecto, sería necesario realizar una evaluación de impacto ambiental sobre el ruido que supondrán las obras y su efecto en la biodiversidad y la elaboración de un plan de emergencia para prevenir posibles vertidos, así como un proyecto para la recuperación del entorno una vez pasados los 50 u 85 años de concesión.
