Desempleados de Delphi en uno de los cursos de formación que se organizaron para su reconversion laboral. :: A. VÁZQUEZ
investigación

Las ayudas sin justificar podrían haber ido a prestaciones a exdelphis

El Tribunal de Cuentas pide al Ministerio de Trabajo que explique qué medidas de carácter social han costado 16 millones

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El informe del Tribunal de Cuentas ha supuesto otro mazazo a las políticas de empleo de la Junta que tras el caso de los ERE se han visto más cuestionadas que nunca. La entidad fiscalizadora se ha centrado en el Plan Integral de Empleo Bahía de Cádiz, que nació con la vocación de aliviar el tremendo impacto que supuso el cierre de Delphi. Esta iniciativa ha contado con una financiación total de casi 95 millones de euros aportados a partes iguales por la Junta y el Estado para los años 2008 y 2009.

De ese montante, el tribunal pide que se aclare el destino que se le ha dado a unos 16 millones de euros con los que se financiaron «acciones de carácter social» de las que no se ha especificado ni el tipo ni el número de personas a las que benefició. Y se lo exige directamente al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

Precisamente, el Plan Bahía de Cádiz solo utiliza ese concepto para las medidas destinadas a extrabajadores de Delphi que, «teniendo al menos cumplidos los 53 años presenten mayores dificultades de inserción laboral». Así lo recoge el convenio de colaboración para el desarrollo de este programa suscrito entre el Ministerio de Trabajo y la Junta el 5 de diciembre de 2008 y publicado en la edición del BOE del 29 de enero de 2009.

A todos ellos se les dio la opción de la prejubilación, a la que se acogieron 646 exempleados en dos tandas. De este plan salieron también las ayudas concedidas a empresas como Gadir Solar y Alestis que recolocaron a 450 operarios y parte de la formación del resto de los afectados por el cierre -tanto fijos de l compañía de automoción como de la industria auxiliar-, así como el complemento que percibieron los extrabajadores durante el tiempo que cobraron la prestación por desempleo mientras seguían haciendo cursos. Esta 'beca' oscilaba entre los 300 y 400 euros, lo que le permitía a los exempleados mantener un salario parecido al que tenían en la factoría.

En cualquier caso, la entidad de Cuentas considera que «las actuaciones concretas a desarrollar mediante esta subvención nominativa, que debían destinarse exclusivamente a políticas activas de empleo, comprendieron finalmente tanto actividades enmarcadas dentro del ámbito de las políticas activas de empleo, como en el ámbito de las prestaciones económicas por desempleo, a través de las denominadas acciones de carácter social», tal como indica textualmente el informe.

Con carácter general, el Plan Bahía de Cádiz estaba destinado a orientación laboral, formación, promoción del autoempleo, recolocaciones incentivadas, creación de puestos de trabajo y soporte de la actividad productiva de manera general, pero en ese tiempo prácticamente todas las ayudas de este tipo se concentraron en el proceso de Delphi.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, aclaró ayer que la petición del Tribunal de Cuentas al Servicio Público de Empleo Estatal es habitual. Y garantizó que comprobará la «absoluta normalidad» en la administración de los fondos. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Mar Moreno indicó que la Junta siempre atiende con normalidad las peticiones de cualquier instancia superior. En la respuesta, insistió en que el Gobierno regional será ««diligente, transparente y normal».

Por el contrario, el asunto ha levantado las sospechas entre los populares. El presidente del PP de Cádiz, José Loaiza, aseguró ayer que las irregularidades detectadas «constatan» que las políticas de empleo del PSOE «empiezan siendo ineficaces y acaban siendo sospechosas». Además, recordó que la incidencia de este plan a la creación de empleo era «nula», porque con la inversión sólo se habían pagado las prejubilaciones y el proceso de formación de los exempleados de Delphi. De hecho, añade, de los 95 millones anunciados, 25 se gastaron para el Plan de Formación, de los que diez millones eran aportados por la Unión Europea, y los 70 millones restantes se agotaron prácticamente con el pago de prejubilaciones y subsidios por desempleo.

Devolución pendiente

Lo que está aún pendiente de resolver es el reintegro de 4,8 millones de euros procedentes también de la financiación de este plan que no se gastaron en el plazo determinado. Se trata de una cuestión distinta a la anterior y la entidad fiscalizadora se los exige a la propia Junta. Ese remanente de crédito forma parte de una subvención de 25,32 millones de euros que el Estado concedió a la Junta y que no se han utilizado. La devolución se debería de haber realizado al año siguiente -en este caso sería en 2010-, como hicieron el resto de las autonomías con planes gemelos presupuestados en las mismas fechas. Tal es el caso de Canarias, Extremadura, Galicia y Castilla La Mancha.