Declaración del fallecimiento de Celestino Alvarado. :: FRANCIS JIMÉNEZ
CÁDIZ

«Con mi padre se ha hecho justicia pero las heridas nunca se cierran»

Antonia Alvarado es la primera gaditana que recibe una pensión como hija de víctima del golpe de Estado del 36

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Celestino Alvarado Quirós, maestro tornero de Matagorda y secretario del metal de la CNT en Cádiz. Hombre de izquierdas y «joven valor de la oratoria» según algunos investigadores de la época infame que le tocó vivir y de la que fue víctima, con el único delito de poseer las anteriores credenciales.

El hedor del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 le puso en alerta de lo que se avecinaba y, tras un mes escondido, el 24 de agosto se despidió de los suyos y se embarcó con rumbo a Portugal. Nunca partió. La madrugada del día 26 fue ejecutado por los falangistas en el páramo de Cortadura y llevado en una caja de madera al cementerio de San José de Cádiz, que recibe el cuerpo de un indocumentado cuya identidad se rescataría años más tarde.

Fue el punto de partida de una mirada hacia atrás para rescatar y dignificar la memoria del futuro. Una memoria de aquella desgracia que ha mantenido viva Antonia Alvarado Galván, hija de Celestino, convertida en la primera gaditana reconocida por medio de compensación económica como hija de víctima del golpe de Estado. «Se ha hecho justicia y se ha reconocido a mi padre de manera contundente pero las heridas nunca se cierran», afirma esta mujer valiente que ha heredado de su progenitor unas fuertes convicciones pero también la tragedia de las vivencias arrebatadas a la fuerza. «Se lo debía a mi familia, especialmente a mi madre y a mi abuela», relata. Esta última siempre defendió que sus nietas no eran «huérfanas de guerra» sino del golpe de Estado del que germinó la dictadura franquista.

Empieza así una búsqueda informativa que la lleva por hemerotecas, investigaciones de autores como Vicente Ballester o José Luis Gutiérrez Molina, e instituciones para averiguar el principio del fin de su padre, un referente sobre el que «nunca pregunté a mi familia». Tenía cuatro años cuando Celestino desapareció para siempre y hasta los siete no fue consciente de lo que sucedió. «No sé si tengo odio o rencor pero nunca perdonaré que me privaran de mi padre», confiesa Antonia. Con las herramientas legislativas proporcionadas entre otras medidas por la Ley de Memoria Histórica de 2007 y un decreto anterior de la Junta de Andalucía que permitía a las familias de las víctimas recabar información en las administraciones sobre los desaparecidos, Antonia comenzó a hilvanar esa historia velada por el silencio y darle consistencia.

«He tardado años porque la burocracia es muy lenta pero no he decaído nunca. Al final la persona tiene más fuerza que las asociaciones. La lucha ha merecido la pena». Aunque todavía Antonia no ha cesado de la misma. El siguiente paso será que se lleven a cabo las exhumaciones de las dos fosas comunes, sin fecha definitiva aún, que quedan en el cementerio de San José. En una de ellas está Celestino. «No pido ni un monolito ni una rotonda, pido justicia con todos los que murieron en los días posteriores al Golpe de Estado, que se cargó los derechos fundamentales de los ciudadanos y las libertades públicas. Son víctimas inocentes como las de ETA y Cádiz nunca será una cuna de la libertad hasta que no se les trate con dignidad». En cuanto a la reconciliación nacional y la reparación de las víctimas de ambos bandos se muestra rotunda. «Mientras que no haya nombres ni documentos que acrediten víctimas del otro bando, no se puede reconocer».

El proceso de recuperación de la memoria a su padre comenzó a fructificar una vez que consiguió que se declarara el fallecimiento motivado por el Golpe de Estado debido a su condición de sindicalista. «Faltaba reconocer la causa de su desaparición en agosto de 1936», comenta. En octubre de 2011 el Ministerio Fiscal le concede finalmente la prestación económica que la reconoce como hija de víctima del Golpe de Estado. «Es la manera más contundente de reconocerlo».

Antonia no guarda esperanzas con el cambio de Gobierno del PP respecto a la andadura de la Ley de Memoria Histórica. «No creo que la sigan apoyando. La derecha siempre se ha opuesto a cualquier cosa que signifique dignificar a las víctimas. Las administraciones nunca me han puesto ningún inconveniente pero tampoco he recibido ayuda. Lo he hecho yo sola. He tardado tiempo y a partir del decreto y la ley he indagado más y las cosas se han facilitado».

Por último, considera que ha sido «una injusticia» la inhabilitación del magistrado Baltasar Garzón de la carrera judicial. «Han ido a por él, se lo han quitado de en medio para que los corruptos estén en libertad». Garzón, concluye, es «el único que se ha atrevido a defender a las víctimas del franquismo».