Un informe de la Guardia Civil aportado al juzgado que investiga los ERE fraudulentos dice que dos directores generales de Empleo y «responsables de la Consejería» siguieron dando formas a las resoluciones «arbitrarias» del director general Francisco Javier Guerrero, ya imputado.
En su informe sobre la empresa Calderinox, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil afirma que Guerrero concedió en febrero de 2008 una «ayuda excepcional» a esa empresa de 432.728 euros «de forma arbitraria», pues la cantidad «duplicaba la solicitud sin ningún tipo de justificación».
En las ayudas a Calderinox aparecieron dos «intrusos» que nunca habían trabajado en la empresa: Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado provincial de la Consejería de Trabajo, y Antonio Fernández Garzón por su condición de afiliado al sindicado CCOO, tomador de la póliza.
Tras los actos de Guerrero, sus sucesores Juan Márquez Contreras y el actual titular, Daniel Rivera, ya imputados por la juez Mercedes Alaya, «dan forma y continuidad a los acuerdos» y en el caso del primero de ellos firmó en diciembre de 2009 la concesión de las ayudas incurriendo «en varias omisiones intencionadas y falsedades».
Los sucesores de Guerrero en la Dirección General y los responsables de la Consejería «han continuado y han dado forma a los acuerdos a los que se comprometió éste, incumpliendo los trámites y sin la existencia de expediente alguno.
Sin embargo, un portavoz del Gobierno andaluz aseguró que Rivera aprobó los pagos de expedientes ya tramitados y antes de que se conocieran las irregularidades en los ERE. Las mismas fuentes insistieron en que el actual director general de Empleo encabezó las investigaciones sobre los ERE y además propuso las primeras medidas cautelares cuando se supieron que existían anomalías en su concesión.
