La crisis extiende sus tentáculos y ya llega hasta los notarios, una de las profesiones más sólidas y estables del sistema, o al menos eso parecía. Una realidad que no hace más que volver a evidenciar la pésima situación económica que atraviesa al país. El director general de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez, puso ayer de manifiesto durante el acto de apertura del IV Congreso Iberoamericano de Registradores que se celebra en Cádiz, que la mitad de las oficinas registrales y notarías «tienen problemas para llegar a fin de mes», una afirmación que hubiera sonado a chiste si se hubiese hecho hace cuatro o cinco años.
Una circunstancia que ha desatado que el Ministerio de Justicia se esté planteando la necesidad de reordenar estas oficinas para hacerlas más «eficientes»; un proceso que «ya se ha empezado a estudiar», según el director del organismo que aglutina a registradores y notarios. La medida todavía está en fase de estudio, ya que previamente el Ministerio tendrá que hacer un estudio en el que deberá tener en cuenta la opinión de los ayuntamientos, comunidades autónomas, oficinas registrales y notarías y la de los expertos de ambos colegios profesionales. Es más, según indicó el propio Joaquín Rodríguez, con toda probabilidad habrá demarcaciones en las que se queden plazas libres y serán suprimidas porque «sobran».
Este hecho tiene su explicación en que la última revisión de la demarcación registral y notarial se efectuó hace diez años, momento de bonanza económica y de pleno auge de la burbuja inmobiliaria. Pero ha llovido mucho desde entonces. En todo ese tiempo la compraventa de inmuebles ha experimentado una caída que roza el 70 por ciento, y la actividad económica también ha ido menguando por la crisis.
De ahí el más que reconocido interés del nuevo ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, en derivar algunas atribuciones de los jueces a registradores y notarios, en un intento de reflotarlos y dotarlos así de una mayor flexibilidad. En cualquier caso, se trata de una cuestión que como indicó el propio Joaquín Rodríguez, todavía «está por concretar, ya que son los colegios de registradores y notarios los que tienen que hacer una propuesta al Ministerio para su estudio».
Asimismo, Rodríguez avanzó que se analizará la simplificación de la «maraña de legislación» que existe en torno al cobro por parte de registradores y notarios de aranceles. Según señaló, actualmente es «difícil de entender y de aplicar». Preguntado sobre si el camino pasa por una subida de estos aranceles, Rodríguez no se mostró a favor, si bien admitió que estos aranceles descendieron en un 25 por ciento desde 1989, mientras que los precios públicos aumentaron en la misma medida.
Por otro lado, durante la inauguración del Congreso, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, anunció que este organismo firmará próximamente un convenio con el Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para nuevos desarrollos tecnológicos en las oficinas judiciales.
Al respecto, Rodríguez concretó que en virtud de este convenio, los registradores podrían aportar información sobre la situación de fincas en procedimientos y subastas judiciales.
Por su parte, el decano-presidente del Colegio de Registradores de España, Alfonso Candau, indicó durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano de Registradores que los registradores han de «adaptarse a los cambios» en el actual momento de «dificultades» para «dar respuesta a las nuevas necesidades» del mercado.
