Ante el aumento de casos de talleres fraudulentos que están actuando en la provincia, la Unión de Consumidores de Cádiz alerta de los perjuicios que puede suponer para el consumidor terminar en un establecimiento que no respeta las leyes. Ante todo, estos locales no disponen de hojas de reclamaciones ni de garantías de reparación. Según explica el presidente de la Unión de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz, «la garantía que ofrece un taller legal para cualquier arreglo es de tres meses o de 2.000 kilómetros y esto no lo hacen los ilegales». Así, advierte que si un ciudadano acude a un negocio de este tipo y no queda satisfecho con el servicio prestado «no tiene modo de reclamar nada».
Asimismo, Ruiz aconseja que siempre se pida previamente un presupuesto y que, después de la reparación, se solicite la factura. Como advertencia al usuario para detectar el tipo de establecimiento con el que se va a encontrar, es conveniente fijarse si dispone de placa identificativa y de un listado detallado de precios por hora y según el servicio.
