La subida de impuestos prevista por el nuevo Gobierno no se limita exclusivamente a la retención del IRPF, también afectará al dichoso IBI que cada año supone un esfuerzo para las familias gaditanas. El Impuesto de Bienes e Inmuebles es una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos que se han visto obligados a incluir los incrementos previstos a toda prisa para que pueda aplicarse este mismo año.
El Real Decreto del 30 de diciembre aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy es el que regula las subidas de la que solo se librará una veintena de municipios de la provincia. Justo aquellos que hicieron su revisión catastral entre los años 2005 y 2007, cuando el mercado se disparató, justo antes del batacazo que desencadenó esta crisis. Desde que se comenzaron a aplicar estas subidas la recaudación creció enormemente en todas estas localidades, de una punta a otra de la provincia.
La medida, con la que el Gobierno pretende recaudar 918 millones de euros, se aplicará solo a los inmuebles residenciales, no a locales comerciales, garajes ni trasteros. En esos años, los que el decreto excluye, modificaron la base catastral Algar, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, el Gastor, Espera, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Villaluenga y Ubrique, en la Sierra gaditana. También se libran Chiclana y Jerez, dos de los más grandes y Conil, Vejer, Chipiona, Castellar y Jimena, ya de camino al Campo de Gibraltar.
Todos ellos vieron crecer sus facturas de un año para otro con unas consencuencias importantes para los contribuyentes. Entre los más caros se encuentran Jerez, Conil y Chipiona que forman parte de este grupo con cuotas medidas de 382, 410 y 446, respectivamente, según el Informe sobre Tributos Locales de 2011 que elabora la Confederación de Empresarios con los datos de la Gerencia del Catastro de Cádiz y la Subgerencia jerezana.
Las mayores subidas
Para los consistorios supone una inyección importante. En el caso del ayuntamiento gaditano, que no hace una revisión catastral desde mediados de los noventa, debe subir hasta el 10%, lo que supondrá un ingreso extra de unos tres millones de euros que se suman a los algo más de 30 que recauda cada año por este concepto.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso como ejemplo una vivienda con un precio de mercado de 150.000 euros, cuyo valor catastral haya sido revisado antes de 2002 y pagaba 150 euros al año. Tras la medida, pagaría 165 euros, ya que el incremento absoluto de la cuota es de 15 euros. Si el valor catastral de esta misma vivienda hubiese sido revisado después de 2002, la reforma aprobada no supondría un incremento de la cuota. Por poner otro ejemplo más cercano, en la capital gaditana el precio medio es de 463 euros y su valor catastral no se revisa desde 1996, con lo que la subida sería de 46 euros hasta completar una cuota de 509 euros anuales.
En el grupo de los que tendrán que asumir el máximo incremento se encuentran también Arcos, El Puerto, Los Barrios, Rota, San Fernando, Sanlúcar y Villamartín. Ninguno de ellos ha realizado revisiones después de 2002, con lo que se ven obligados a subir. Todos, a excepción de Los Barrios, han ido actualizado las cuotas con una subida del tipo impositivo en lugar de hacerlo en base al valor catastral, con lo que, como le ocurre a Cádiz, el recibo no ha sido barato y ahora la subida será más que considerable.
Solo las viviendas más caras
Con incrementos intermedios se encuentran otras 14 localidades que tendrán que aplicar porcentajes de menor envergadura. Los últimos que han actualizado sus gravámenes, como Alcalá del Valle, Algeciras, Barbate, Grazalema, Puerto Real, San Roque, Tarifa y Zahara de la Sierra, lo subirán un 4% que afectará solo a las que superen el importe medio. Para los que lo hicieron entre 2002 y 2004, la subida será algo mayor -hasta el 6%- y tendrán que asumirla Alcalá de los Gazules, Benalup, Bornos, Medina, Olvera y Trebujena.
Fuentes del servicio de Recaudación de la Diputación explicaron que «esta medida ha cogido por sorpresa a los consistorios y la Corporación provincial, que ahora tendrán que aplicar las modificaciones independientemente de lo que tuvieran previsto». La oficina de la Diputación trabaja a destajo para tenerlo todo a punto en marzo, cuando se aplicarán los primeros pagos. La medida está prevista para este año y el que viene de forma extraordinaria y entra dentro del paquete propuesto por el Ejecutivo de Rajoy para paliar el déficit. Al incremento del IBI se une también la subida del IRPF, con la que se pretenden conseguir otros 4.110 millones.
