Palabras como dramática o agónica se quedan cortas para describir la situación que padecen buena parte de los ayuntamientos de España en general y de la provincia en particular. Las nóminas de los trabajadores, proveedores que han perdido la esperanza de cobrar a tiempo y grandes empresas que se ven obligadas a suspender sus servicios por muy básicos que éstos sean, son el menú de cada día de las entidades locales. Ante esta situación, los ayuntamientos se agarran a todo flotador que pueda prestarles ayuda para mantenerse a flote.
El primer salvavidas vino hace escasos dos meses en forma de línea de crédito ICO (Instituto del Crédito Oficial) a través del cual los ayuntamientos pudieron pagar una parte de las facturas atrasadas a sus proveedores, pequeñas y medianas empresas fundamentalmente. Tras el éxito obtenido en su primera edición, el Gobierno Central y la Federación de Municipios y Provincias de España han acordado sacar de nuevo, en un plazo máximo de 15 días, un chaleco salvavidas a las instituciones locales en forma de una nueva línea de créditos ICO. A diferencia que la anterior, esta nueva convocatoria contempla una prórroga de 5 a 10 años del plazo que tienen los ayuntamientos para devolver a Hacienda las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de los ejercicios 2008 y 2009, que ascienden a casi 6.000 millones de euros en España.
El Ayuntamiento de Cádiz ha sido uno de los primeros en mostrar interés por esta nueva convocatoria que la ven como un «balón de oxígeno», como reconoció el primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, José Blas Fernández. A finales de 2011, el Ayuntamiento de Cádiz fue la entidad local de la Bahía de Cádiz que más dinero recibió de esta línea de crédito para pagar a sus proveedores. En total fueron 10,4 millones de euros que fueron a parar directos a las facturas emitidas por unas 260 empresas, algunas pendientes desde el 1 de octubre de 2009. Con esta inyección de liquidez, el Consistorio gaditano consiguió reducir el plazo de pago a las pymes de 24 a 12 meses, un asunto de vital importancia para los proveedores. Por este motivo, José Blas Fernández, se mostró dispuesto a volver a pedir un crédito dentro de esta línea «sobre todo si van a mejorar las condiciones de la primera convocatoria como el aumento del plazo para devolver el dinero ya que no es lo mismo devolver un préstamo de 10 millones en tres años que en diez». En cuanto a la relación actual que mantiene el Ayuntamiento de Cádiz con sus proveedores, José Blas Fernández explicó que «la situación es similar al de resto de administraciones, pagamos a plazo vencido».
En esta misma línea se manifestó ayer el delegado de Hacienda de El Ayuntamiento de Puerto Real, Jesús Plaza, que al igual que Fernández vio esta nueva convocatoria como «un balón de oxígeno». A finales de 2011 pudieron pagar 1.607.000 euros a unas 65 pymes. «Esta nueva convocatoria nos permitirá aumentar el préstamos ya que en el anterior no podíamos pedir más del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de cada entidad local en los tributos del Estado del año 2011», una cantidad que fue insuficiente para que este consistorio se pusiese al día, «dada la situación que nos ha dejado el anterior gobierno». «Tuvimos que priorizar en función de los servicios básicos y de suministros» a la hora de pagar y será también este mismo criterio el que seguirán en la nueva convocatoria.
Más precavidos se estuvo el Ayuntamiento de El Puerto que ya en la primera edición criticaron el «alto» interés del 6,5% que trae consigo el préstamo. Desde la delegación de Hacienda, Leocadia Benavente señaló que en estos momentos desconocen las nuevas condiciones que traerán consigo el crédito y por tanto prefieren esperar antes de hacer alguna valoración. Igual de cauteloso se mostró el Ayuntamiento de Chiclana que tras pagar 3 millones de euros a 300 proveedores, quiere estudiar la letra pequeña del nuevo contrato. Fuentes municipales explicaron que «es imposible adelantar, en estos momentos, decisiones importantes sin saber ante los compromisos que se adquieren, no obstante, cualquier acuerdo que venga a ayudar a los entes locales en el pago a sus proveedores, supone una buena noticia».
