El juez cita a declarar a tres miembros de Valcárcel Recuperado, que niegan la ocupación

El juez de Instrucción nº1 de Cádiz tomó declaración ayer a tres integrantes del movimiento Valcárcel Recuperado que desde el mes de junio ocupa las instalaciones del antiguo hospicio de La Viña. La comparecencia de estas tres personas es la consecuencia de las notificaciones que la Policía Nacional les hizo llegar días atrás como adelantó ayer este medio.

Los agentes habían identificado a estos tres miembros del grupo los primeros días de ocupación. Todos aparecieron en fotografías captadas por los medios de comunicación y reivindicando la acción de protesta en entrevistas. Este material sirvió a la Policía para ponerle nombre y apellidos a los representantes de un movimiento de difícil definición; tanto que ayer los tres interrogados negaron incluso pertenecer a grupo organizado alguno. También rechazaron, como vienen afirmando los portavoces del colectivo desde el pasado mes de junio, que el antiguo colegio haya sido ocupado sino «recuperado» para la ciudadanía ante el estado de abandono.

Okupado y autogestionado

Una versión que se aleja por completo de la que ofrecen desde el mundo okupa. Así, este inmueble catalogado Bien de Interés Cultura (BIC) y por tanto de especial protección normativa, es denominado Centro Social Okupado y Autogestionado como aparecen en webs como okupatutambien.net donde se hace un llamamiento a la ciudadanía a «la expropiación popular de casas abandonadas». En esta página han colgado el esquema de organización que han establecido desde Valcárcel Recuperado para el reparto de tareas y decisiones y lo ponen de ejemplo para otras iniciativas.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que las tres personas que prestaron ayer declaración siguieron una misma estrategia procesal. Uno de los activistas llegó a negar esa condición y defendió ante el juez que solo había acudido a un par de asambleas como un ciudadano más. Negar la ocupación y que exista una entidad contra la que pueda ir la denuncia interpuesta por la promotora Zaragoza Urbana son algunas claves que manejan movimientos como el de Valcárcel Recuperado para eludir responsabilidades ante la Justicia. Ayer no fue una excepción.

Mientras estas tres personas se encontraban dentro de los juzgados de San José prestando declaración, otros integrantes del movimiento se fueron concentrando en la puerta en señal de solidaridad. El buen ambiente existente ante la mesa que dispusieron en la calle para repartir propaganda y recoger dinero para la causa, se cortó de repente cuando llegó este medio a cubrir la información.

Pese a que defienden la legalidad de su acción y niegan que estén incurriendo en delito alguno, salvo excepciones, los activistas se negaron a ser fotografiados y, por tanto, reconocidos e identificados en imágenes. Criticaban que la información publicada por este medio en su edición de ayer era «falsa y sensacionalista», aunque en ese preciso instante había tres personas ante el juez como ya recogía la misma noticia. Sin embargo, de las críticas se pasaron a los insultos tales como «mentirosa o guarra», además de anunciar querellas contra los periodistas y acusar a la prensa en general de «tratar de cargarse el movimiento».

La presencia policial calmó los ánimos de los más exaltados algunos de los cuales aseguró que no había recibido «notificación de desahucio alguno»; algo que no va a recibir nunca porque esa medida se adopta contra inquilinos o arrendatarios de un inmueble que no es el caso de Valcárcel Recuperado.

Las mismas fuentes policiales y judiciales consultadas por este periódico insistieron ayer que tras acordarse el desalojo tras solicitarlo Fiscalía y la titular del edificio, Zaragoza Urbana, falta por saber si el juez ordenará a la Policía que acceda al viejo hospicio tal y como también se informó en este medio, o lo considere una medida excesiva porque el inmueble está disponible para el legítimo dueño del antiguo colegio. Algo que cuestionan desde la Fiscalía y como prueba existen las decenas de imágenes donde se observan estancias del inmueble reconvertidas en biblioteca o salas de conferencias. Es decir, ocupadas.

Al término de las declaraciones, una de las activistas anunció a los asistentes a la pequeña concentración que «estaba todo arreglado» que no iba a ocurrir nada y que Valcárcel seguiría siendo la Casa del Pueblo, dando por hecho que el juez había acordado la renuncia total a ejercer acción alguna y archivar la denuncia que lleva desde el mes de junio en los juzgados gaditanos. Sus palabras fueron recogidas con vítores y aplausos y alguna amenaza velada de nuevo de querella contra los periodistas.