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Malestar entre el personal de la Diputación por los nombramientos

Los funcionarios del parque móvil se quejan de que Loaiza haya designado a su exchófer en el partido como cargo de confianza

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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El pasado día 16 de agosto, el Boletín Oficial de la Provincia publicaba el nombramiento como funcionarios eventuales de Diputación de seis personas. Uno de ellos era el nuevo jefe de Gabinete del presidente, otros dos eran nombrados coordinadores técnicos y los tres restantes eran contratados como técnicos de Secretaría.

Una vez que han pasado las semanas y cada uno se ha ido incorporando a su puesto de trabajo hay un aspecto que llama la atención, y es que uno de ellos, a pesar de tener el nombramiento de técnico de Secretaría, está haciendo las funciones de conductor del coche del presidente provincial, José Loaiza.

Más allá de valorar si es conveniente que uno de los puestos de asesor a que tiene derecho el equipo de Gobierno esté ocupado por un conductor, siendo ésta una cuestión que solo compete al partido que gobierna, los conductores del parque móvil están molestos por lo que consideran un menosprecio a su profesionalidad.

Según denuncia Francisco Hernández, miembro de la Junta de Personal de la institución provincial, los conductores están «muy enfadados». Explica este funcionario de la Diputación que «desde hace 30 años el chófer del presidente se ha elegido de entre la plantilla del parque móvil». Hernández cree que detrás de esta situación se detecta una clara desconfianza por parte del nuevo Gobierno hacia «todo lo que huela al partido que mandaba antes».

En este sentido, el trabajador asegura: «Los conductores tenemos claro cuál es nuestra función. Nuestra obligación es conducir, sin importar quien vaya dentro del coche». Hernández explica que «en treinta años jamás ha habido ni una sola queja porque alguien haya contado nada de lo que se habla dentro de los coches. Lo que tienen que tener claro es que dentro del trabajo la única ideología es la de cobrar a fin de mes». Por todo esto no entiende que se esté «arrinconando y quitando los coches» a cualquiera que estos últimos años haya sido chófer de un presidente o de un vicepresidente.

En la actualidad la plantilla de conductores del parque móvil de la Diputación Provincial está compuesta por 21 personas. La mayoría de ellos son funcionarios, excepto algunos que están esperando a poder consolidar su plaza.

Francisco Hernández aclara que todos han pasado por un proceso de selección para ocupar su puesto de trabajo, además de recibir cada año cursos de conducción profesional. El funcionario alberga serias dudas de que el conductor 'de confianza' del presidente cumpla con todos los requisitos que se les exige al resto de los compañeros.

A juicio de este representante de los trabajadores «ya la forma de contratar a este compañero, contra el que hay que dejar claro que no tenemos nada, porque es un trabajador más, dudamos que sea la más adecuada. No entendemos por qué se hace un nombramiento para un puesto administrativo a una persona que después va a trabajar como chófer».

Existen evidentes diferencias entre el nuevo conductor del presidente y sus compañeros en la Diputación. La primera es el sueldo, que asciende a 43.459,76 euros anuales. Otra, que sí que resulta molesta para el resto de trabajadores del parque móvil, es que todos, incluidos los que en algún momento han sido chóferes de los presidentes, siempre han tenido que fichar a la entrada y la salida, justificando el cumplimiento de su jornada laboral, «mientras que él, como es un cargo de confianza, no tiene que hacerlo».

Según comentan los trabajadores, el nuevo técnico de Secretaría o chófer 'de confianza' de José Loaiza ya había desempeñado este trabajo para él, conduciendo el vehículo con el que el dirigente popular se desplazaba por la provincia para participar en diferentes actos del partido. Todo antes de haber sido elegido alcalde de San Fernando y presidente de la Diputación de Cádiz.

El malestar de sus compañeros llega al punto de estar planteándose la posibilidad de pedir que se aclaren públicamente las circunstancias que rodean a esta contratación.