La Fiscalía calcula la financiación irregular del PP valenciano en más de 3,5 millones

Tras el 'caso de los trajes', que se enjuiciará el próximo otoño, la Fiscalía Anticorrupción ya tiene fijado casi completamente el tablero de juego del segundo asalto a la trama 'Gürtel' en Valencia: la supuesta financiación irregular del Partido Popular de esa comunidad a través de facturas pagadas por empresarios afines y dinero ocultado a la Hacienda Pública.

La Fiscalía, a falta de las últimas diligencias ordenadas el pasado 27 de julio por el instructor del caso, José Francisco Ceres, sabe a quién quiere acusar, por qué hechos y cuándo podría sentar a los imputados en el banquillo. La acusación común a todos los procesados será un delito electoral, aunque también habría otras imputaciones de cohecho y prevaricación.

Los hechos serían la financiación irregular de la formación en Valencia durante los comicios municipales y autonómicos de 2007 y, ahora también, durante las generales de 2008. La forma, a través de dinero allegado por, al menos, cinco empresas que saldaban las deudas del PP con Orange Market, principal marca de la trama, gracias a facturas de servicios que no se prestaban y por pagos directos en dinero negro del partido a la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. El importe de las supuestas operaciones irregulares es de más de 3,5 millones de euros en financiación ilegal.

Y los acusados, según las mismas fuentes, serán no menos de 18 personas, si bien el número podría aumentar. Habrá, al menos, cuatro políticos del PP: el exvicepresidente Vicente Rambla; el exsecretario general del PP en la comunidad Ricardo Costa; el vicesecretario de Organización del PPCV David Serra y la entonces tesorera del PPCV Yolanda García. Por el momento, Francisco Camps no está en la lista, en la que queda por decidir si también se incluye el nombre del extesorero nacional Luis Bárcenas. Otros siete acusados serán miembros de la trama Gürtel, entre ellos sus tres cabecillas, Francisco Correa, Pablo Crespo y 'El Bigotes'. Anticorrupción quiere sentar en el banquillo al menos a un responsable por cada una de las siete empresas que supuestamente allegaron dinero al PP a través de Orange Market: Facsa, Ortiz e Hijos, Piafa, Lubasa, Sedesa, Pavimentos del Suroeste y Grupo Vallalba.

Si no se producen retrasos inesperados en la documentación solicitada por Ceres -que aunque abundante no es complicada de obtener- la Fiscalía espera poder tener listo su escrito de acusaciones a finales de 2011 o principios del año que viene, con la idea de poder juzgar estos hechos a mediados de 2012.

Esas imputaciones -explicaron responsables del caso- se dividirán en los dos ejercicios bajo sospecha: 2007 y 2008. En el primero de esos años, según los datos de la Policía, de Hacienda y de la Intervención General el PPCV habría recibido en dinero negro no menos de 345.200 euros de cinco empresas afines. No obstante, la Fiscalía cree que esa cifra solo sería la punta de iceberg porque «no se han encontrado las facturas físicas» de otros pagos que el PPCV tenía que haber realizado y que ascienden a más de 2,5 millones de euros.

Empujón

La investigación de 2008, hasta ahora la más retrasada, ha experimentado en las últimas semanas de julio un fuerte empujón y ya existen cifras. Para las elecciones generales de aquel año Orange Market prestó servicios al PPCV por valor de más de 1,7 millones de euros. Sin embargo, la empresa solo facturó trabajos por valor de algo más de 600.000. El desfase contable en ese año es por tanto cercano a 1,1 millones de euros. Según las investigaciones, de ese dinero el PP pagó con «fondos opacos» al menos 405.000 euros. El resto, como en las elecciones del año anterior, habría sido abonado por cinco empresas que saldaban las deudas de la formación con 'El Bigotes'. Los últimos informes policiales afirman que Facsa allegó al PP 231.00 euros, Ortiz un cifra cercana a los 100.000, Piaf unos 3.800, Lubasa unos 50.000, y Sedesa no menos de 130.000 euros.

Según la Fiscalía, tras los últimos informes de Hacienda ya no hay duda alguna de que en las elecciones generales del 2008 el PPCV hizo en sus cuentas los mismo pufos que en 2007: «Los pagos opacos y los efectuados por personas distintas del deudor (el partido) sufragaban actos de campaña electoral».

Este es el tablero de juego a la espera de saber qué hace finalmente la justicia valenciana con los otros delitos conexos a la supuesta financiación irregular del partido. Se trata de la prevaricación y los ilícitos contra la administración pública en los que podrían haber incurrido altos cargos del Gobierno de Camps que, según la Intervención General del Estado, adjudicaron 85 contratos a la trama de Correa entre 2004 y 2009 por valor de 7,2 millones de euros, en muchos casos violando las normas para la adjudicación.

de la Generalitat valenciana la pasada legislatura. Diputado regional.

del PP valenciano. Dimitió en 2009. Es diputado regional.

de Organización del PP valenciano y miembro de la asamblea regional.

de la Comunidad Valenciana y actual diputada de Les Corts.