La Liga recuerda que el amaño es delito

Siempre que se acerca el final del campeonato y están en juego la permanencia, el título o las plazas europeas aumentan las sospechas de maletines, partidos amañados y acuerdos entre implicados, con dinero o no de por medio, pero la Liga de Fútbol Profesional (LFP), a través de su presidente, José Luis Astiazarán, se encargó ayer de recordar que el fraude ahora se paga con cárcel. La adulteración de la competición ya no solo es un delito deportivo, sino también penal. Los clubes ya están advertidos del riesgo, y los rivales de los amenazados por el descenso a Segunda, aparte de más de un implicado en la batalla por la salvación, estarán el sábado en el punto de mira. En el centro de las suspicacias se sitúa el Levante-Zaragoza, después de que se haya desvelado, a través del expresidente del club aragonés, José Ángel Zalba, que «existen rumores en la calle» de que este partido está apalabrado desde antes de la temporada, con un acuerdo previo entre ambos de que en la última jornada saldría beneficiado el equipo que lo necesitase.

«Aquel que cometa una ilegalidad será víctima de la aplicación taxativa de la reforma del Código Penal», avisó Astiazarán, quien subrayó que la reforma de la legislación que entró en vigor el pasado mes de diciembre prevé incluso penas de prisión, de seis meses a cuatro años. Por primera vez en la historia del fútbol español se castigarán con cárcel «las conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales». «Fraude es pagar por un resultado», sentenció el presidente de la LFP. El objetivo es intentar poner freno a las primas a terceros y a la compraventa de partidos, pero también a los pactos tácitos entre equipos.

El presunto soborno del dueño del Hércules, Enrique Ortiz, al portero del Córdoba -para garantizar el ascenso a Primera-, se cerró sin sanción, porque la conversación telefónica estaba incluida en el sumario de una investigación judicial diferente. Sin embargo, la modificación del Código Penal que a priori ahora sí castiga con dureza el fraude deportivo debería dotar a las fuerzas de Seguridad, con la autorización de los tribunales, de los medios precisos para intentar comprobar si se adultera o no la competición. Porque rumores y sospechas siempre han existido, pero sin las armas necesarias en manos de jueces y policías, y con supuestos defectos de forma siempre patentes, ha resultado imposible demostrar y sancionar las trampas y la compraventa de partidos.

Acusaciones mutuas

En la guerra de nervios que se declara a final de temporada no han tardado en aparecer los ataques y las acusaciones que ponen en mala situación a quienes mandan en el fútbol español. El reciente Sporting-Racing, con la solicitud previa del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a los seguidores del equipo santanderino, de apoyar al conjunto asturiano en El Molinón, ha encendido una primera mecha con las quejas públicas del máximo dirigente del Deportivo, involucrado en la agónica pelea por la salvación. Augusto César Lendoiro ha llamado «gañán» a Revilla, en un enfrentamiento que también ha adquirido tintes políticos, pero el presidente cántabro ha querido defenderse de cualquier posible fraude. «Yo no he amañado partidos», ha asegurado Revilla.

Para intentar poner coto a los presuntos casos de corrupción con vistas a una última jornada, en la que también funcionarán las calculadoras y los intereses marcarán el grado de entrega de los jugadores, la Liga también ha solicitado a a todos los clubes implicados la máxima colaboración: «Todos aquellos que tengan conocimiento de la realización de conductas fraudulentas, tienen la obligación legal inexcusable de ponerla en conocimiento inmediato de los órganos policiales y jurisdiccionales correspondientes y de la propia Liga Nacional».