La Fiscalía manda al juzgado la denuncia de las viviendas del Parral

«La Fiscalía entiende que la construcción de un bloque de pisos en Benaocaz puede tener significación penal y traslada nuestra denuncia al juzgado de Ubrique». Así lo da a conocer Ecologistas en Acción después de que la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz les haya notificado que la denuncia que remitieron el pasado mes de octubre por la construcción de un bloque de 24 viviendas en la ladera del Parral de la localidad serrana «ha sido remitida al Juzgado de Ubrique para la incoación de las oportunas diligencias previas tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados».

La organización proteccionista denunció ante la Fiscalía al exalcalde José Rafael Reyes Pérez (PSOE) por haber dado licencia de obras para la construcción de un bloque con altura y edificabilidad muy superior a lo permitido por las normas urbanísticas. La licencia fue otorgada por el entonces alcalde a pesar de los informes técnicos contrarios del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación que advertían que el proyecto incumplía las normas urbanísticas.

Para los ecologistas el hecho «más grave» es que esta parcela era de propiedad municipal y estaba destina a la construcción de vivienda protegida. Razones que aseguran que no evitaron que Reyes la vendiera a Procicu S. L, para la construcción de viviendas de renta libre. Estas razones llevaron a la organización proteccionista a presentar la denuncia por considerar que se trataba de una resolución «injusta y, además, contraria a la legislación vigente».

A pesar de pedir responsabilidades a Reyes, Ecologistas en Acción entiende que puede haber también responsabilidades penales por parte de otros políticos que «a sabiendas de que se estaba construyendo este bloque ilegal, no actuaron». La organización recuerda que en enero de 2008 presentaron sendas denuncias -cuando el bloque estaba todavía en construcción- ante el director del parque natural -Miguel Ángel Maneiro-, la delegada de la Consejería de Obras Públicas -por entonces Silvia López, actual delegada de Medio Ambiente-, y el entonces presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Antonio Perales. «Ninguno de estos responsables públicos hizo nada, permitiendo la terminación de las obras», critican.

Satisfacción

La organización proteccionista, que muestra su satisfacción por la actuación de la Fiscalía, entiende que los responsables públicos mencionados pudieran haber incurrido sendos delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, prevaricación urbanística, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y fraude especial cometido por autoridad abusando de su cargo.

El alcalde popular Juan María Mangana (PP) dictó un Decreto suspendiendo los efectos de la licencia de obras, anulación que fue ratificada por sentencia de 6 de octubre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera número 1. No obstante recuerdan que «el edificio sigue en pie y el Ayuntamiento de Benaocaz, otra vez presidido por un alcalde socialista -Manuel Cabrera-, no ha emprendido acción alguna para restaurar la legalidad urbanística, reponer el terreno a su estado anterior y reclamar la titularidad pública de estos terrenos por haber sido la venta manifiestamente ilegal».