Arenas propone un gran acuerdo para regularizar 300.000 viviendas «alegales»

El presidente del PP-A, Javier Arenas, demandó ayer un «gran acuerdo social y político» en Andalucía para dar solución a la situación de alrededor de 300.000 viviendas «alegales» en la región, lo que atribuyó a la «gestión nefasta» de la Junta en materia urbanística, al tiempo que anunció que su partido elevará al Parlamento autonómico una Proposición No de Ley (PNL) para adoptar «medidas transitorias» que palien la situación del inseguridad de miles de familias.

Entre la batería de iniciativas que Arenas trasladó en una reunión de hora y media mantenida ayer en Almería con unos 30 de representantes de residentes británicos en la Comarca del Almanzora agrupados bajo las siglas 'Almanzora Abusos Urbanísticos-No' (AUAN) detalló, asimismo, la presentación de mociones en los ayuntamientos afectados para, «de acuerdo» con el PSOE, poner término a que muchos propietarios que han pagado la licencia municipal y los impuestos «no tengan luz y agua», lo que, a su juicio, es una «cuestión de derechos humanos».

En esta línea, aseguró que se trata de «un problema importante y real» que afecta a «muchas personas que han venido de fuera a vivir en Andalucía» y que, por tanto, «procede» abordar «con todas las consecuencias» una situación que afecta a «una gran fuente de riqueza y también de creación de empleo». «Tenemos que aprovechar cara al futuro que la región es la mejor zona residencia de Europa y no cargárnosla mediante la inseguridad y la desconfianza que genera la normativa jurídica», subrayó.

Arenas arremetió así contra lo que calificó de «diarrea legislativa» de la Junta de Andalucía que ha venido, en los últimos años, a «complicar el panorama» en materia urbanística al tiempo que avanzó que, desde el PP-A, van a impulsar «modificaciones» en torno al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) -«que hasta el nombre tiene feo», ironizó- y a la «famosa» Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que ha sido «tan eficaz que su reglamento que ha tardado diez años en desarrollarse».

Sobre la necesidad de promover un «gran pacto social y político» para dar solución a las viviendas «alegales» e impedir situaciones «terribles e impensables», trasladó que no es una iniciativa «ni singular ni extraña» e hizo referencia a acuerdos similares que se han alcanzado en Madrid, Extremadura, Cantabria, Aragón o la Rioja.

Recordó, al hilo de esto, que se han dado «pasos muy importantes» en algunos municipios grandes como Marbella, Jaén o Chiclana y señaló de vital ese acuerdo en municipios pequeños «con muy poco asesoramiento». «Hay que dar respuesta a las víctimas, a aquellos compradores de buena fe», concluyó.