Zapatero quiere demostrar con 26 leyes que su Gobierno no está paralizado

José Luis Rodríguez Zapatero pasó al contraataque y el Consejo de Ministros dio luz verde a un ambicioso calendario legislativo para los próximos siete meses con el que el Gobierno se compromete a enviar al Parlamento antes del verano 26 leyes «prioritarias» para luchar contra la crisis, creación de empleo y dar respuesta a diversas demandas sociales.

Cuando aún seguían los ecos de la reiterada reclamación de adelanto electoral que Mariano Rajoy realizó el jueves en el Congreso, el jefe del Ejecutivo contestó ayer a las acusaciones de inacción con un paquete de iniciativas con el que busca demostrar que su nuevo Gobierno, asentado sobre la mayoría parlamentaria que le garantiza el pacto con PNV y Coalición Canaria, tiene pulso hasta el final de la legislatura y no se limita, como repite el PP, a una operación de imagen y de cambio de caras.

El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, por encargo de Zapatero, ha sido el responsable de seleccionar y reunir ministerio por ministerio las acciones y proyectos que más urge poner en marcha y de establecer la prioridad para su aprobación y remisión al Congreso. El portavoz del Ejecutivo explicó ayer que el paquete de leyes que aprobará el Consejo de Ministros antes de las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo de 2011 va dirigido a apuntalar las tres principales políticas del Gabinete, esto es, austeridad en el gasto, reformas estructurales y mantenimiento de la cohesión social, y a poner en marcha la parte de la agenda social más urgente.

Rubalcaba señaló que estos 26 proyectos no agotan todas las leyes que el Gobierno quiere aprobar antes del verano sino que solo se trata de las normas que considera más «importantes y prioritarias». El próximo viernes el Consejo aprobará otro calendario de compromisos similar, pero en este caso con los temas más urgentes a desarrollar y ejecutar por los ministerios hasta el próximo junio mediante reglamentos, decretos y todo tipo de disposiciones administrativas.

Todo el bloque de modificaciones de la estructura económica que acompañan y complementan a la reforma laboral estará aprobado por el Gobierno antes de que acabe el primer trimestre de 2011. La norma sin duda más polémica es la que modificará el sistema de pensiones y retrasará la edad de jubilación, que se aprobará antes de abril, en cuanto el Congreso entregue el dictamen que elabora la comisión del Pacto de Toledo.

El Ejecutivo se comprometió también a tener en enero el proyecto de ley que reformará las políticas activas de empleo y mejorará el acceso al mercado de trabajo. En marzo, mandará al Congreso la nueva regulación de la negociación colectiva. La única excepción en fechas será el proyecto que crea el fondo de capitalización de los trabajadores -que pagará parte del coste del despido-, que no se aprobará hasta junio. La ley para la Economía Sostenible, que el Congreso podría aprobar en diciembre y el Senado en febrero, cierra este bloque.

Contra los maltratadores

La estrella del listado de leyes sociales es la de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, que se quiere aprobar en marzo. El paquete incluye otras normas como la de Igualdad de Trato, que establecerá mecanismos contra todo tipo de discriminación; la que permitirá la retirada de la patria potestad, tutela y derecho de sucesiones a condenados por violencia de género y familiar; la que dará a las mujeres la cotitularidad en las explotaciones agrarias; la mejora de los procedimientos de incapacidad para discapacitados; o la que extenderá la sanidad universal a los únicos 200.000 residentes en España que no gozan de ella.

El tercer gran bloque es el que realiza reformas en la Justicia para agilizar y ordenar su funcionamiento. Mejoras en la ley Concursal para abaratar y acortar las suspensiones de pagos; una norma de nuevas tecnologías en juzgados; la regulación de la mediación en los procesos civiles y mercantiles; y una nueva ordenación de la Jurisdicción Social, que asume competencias de la Civil y Contenciosa. Sin embargo, la norma que se perfila más polémica es política. En abril, el Consejo de Ministros aprobará la creación de los consejos territoriales de justicia, que asumirán en las autonomías parte de las funciones del Poder Judicial.

El cuarto apartado lo componen leyes que mejoran la competencia entre profesionales; la que establece los derechos mínimos de los consumidores de productos económicos; la ley de telecomunicaciones; y la de eficacia energética y energías renovables.

Un quinto bloque de leyes diversas incluye una norma para regular el juego; la reforma de los gobiernos locales; la de mecenazgo; una ley singular para el Museo Reina Sofía; la de utilización de lenguas cooficiales ante los órganos del Estado -como el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional-; y la nueva regulación de residuos y de calidad y sostenibilidad ambiental.