Los bollicaos, los phosquitos, las palmeras de huevo y las caracolas de chocolate no volverán a pisar los recreos de los colegios infantiles, por orden del Gobierno central, que ayer dio luz verde al proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que prohibe la venta de alimentos y bebidas que no cumplan con una serie de criterios nutricionales. Entre ellos, y sobre todo, la bollería industrial.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, desgranó ayer los detalles de este polémico proyecto, que ha puesto en pie de guerra a los fabricantes de este tipo de dulces. Sin embargo, Jiménez evitó la polémica y destacó el hito que supone la nueva ley, en la que por primera vez se introducen aspectos relacionados con la promoción de hábitos saludables de alimentación, así como «la prohibición de discriminación por obesidad», la segunda causa de muerte evitable en el mundo después del tabaco.
Además, se trata de una enfermedad considerada ya epidemia entre los jóvenes españoles. No en vano, el 9,13% de los menores padece de obesidad y el 18,48%, sobrepeso, lo que significa que uno de cada cuatro niños tiene exceso de peso.
Un hito legal
La titular de Sanidad también habló de ahorro en tiempos de crisis. Y es que, según ha precisado, el tratamiento de las enfermedades derivadas de este problema nutricional supone el 7% del gasto del Sistema Nacional de Salud, unos 2.500 millones de euros.
La nueva ley, impulsada también por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, promueve que la oferta alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos. De esta manera, los responsables de la supervisión de los menús deberán ser profesionales acreditados y los colegios proporcionarán a los padres o tutores información detallada sobre los mismos, así como directrices para que la cena sea complementaria. Además, en las instalaciones que lo permitan, se elaborarán menús escolares adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias.
La normativa, que sí ha sido bien acogida por el colectivo de padres de alumnos, prevé además actuaciones en el ámbito de la publicidad de los alimentos, como el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria, mediante acuerdos con anunciantes y medios de comunicación. La ley también obligará a los fabricantes a que utilicen tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de las grasas saturadas en sus productos.
Sin embargo, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha denunciando la falta de consenso de la que, en su opinión, adolece la ley, y ha pedido que la regulación se lleve a cabo sin prohibiciones y sin demonizar a los fabricantes, para quienes la seguridad alimentaria «es la principal prioridad», defienden. La FIAB, en todo caso, ha recordado que al proyecto de ley le queda todavía un largo camino parlamentario y debe ser todavía debatido en el Congreso y en el Senado.
