La empresa Imesapi ha lanzado un órdago al Ayuntamiento. De manera oficial, mediante una carta, le comunicó a la Corporación que si no se resolvía la deuda que tiene pendiente por el servicio de mantenimiento de las playas, rescindirían el contrato y los cerca de 80 trabajadores que ahora tienen empleados se irían a la calle. El teniente de alcaldesa de Hacienda, José Blas Fernández, reconoció que efectivamente la deuda (de unos 12 meses) existe pero señaló que los trabajadores no perderán su empleo porque la empresa municipal Aguas de Cádiz asumiría la gestión del servicio y el pago de las nóminas del personal. «Yo llevo varios días tratando de comunicarme con el responsable de la empresa que me ha dirigido el escrito, pero me dicen reiteradamente que está de vacaciones hasta el día 29 de julio», señaló Fernández.
En todo caso, la fecha ofrecida por la empresa para dejar el servicio es el 1 de agosto, con lo que el tiempo se echa encima. Existe además un agravante que pesa sobre esta decisión como una espada de Damocles: Agosto es el mes de mayor uso de las playas y es también el mes de las barbacoas del Carranza, prevista para el 7 de agosto. El teniente de alcaldesa quiso no obstante tranquilizar tanto a los usuarios como a los trabajadores: «Sus puestos de trabajo están asegurados».
Reconoció que la situación que atraviesa el Ayuntamiento, «como todas las administraciones de España» es difícil. «Nosotros al menos hemos sido austeros y hemos hecho un presupuesto, cosa que no han llevado a cabo muchos ayuntamientos de la provincia; en peor situación está el Ayuntamiento de Jerez, que ha echado gente a la calle», agregó.
Fernández lamentó que la grave situación económica haya retrasado el tiempo en el que los proveedores y contratistas del Ayuntamiento cobran. «Antes eran 8 ó 10 meses y ahora son 12, pero en la misma situación está la Junta de Andalucía, por ejemplo», insistió. En cualquier caso, recordó que la ley reconoce el derecho de las empresas acreedoras a percibir los intereses por la demora en el pago.
El secretario de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento, Manuel Gómez Bienvenido, no ahorró críticas a la empresa Imesapi, a la que acusan directamente de querer presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) al personal. El representante sindical explicó que el anuncio de la empresa se debe no tanto a la deuda del contrato de la playa sino a una antigua que pretende que se le reconozca. Se trata de 800.000 que viene de cuando la empresa llevaba el servicio de mantenimiento del alumbrado. Desde Imesapi se reclama desde hace años esta cantidad, pero la deuda no está reconocida oficialmente por el Consistorio. Para el secretario de Autonomía Obrera, Imesapi está utilizando «un método chantajista que no se puede tolerar y, sobre todo, de ninguna manera se puede consentir que los trabajadores sean los cabezas de turco en el conflicto que mantienen con el Consistorio», aseguró.
