Antenas de telefonía en la azotea de un edificio. :: A. V.
Jerez

Dos nuevas sentencias del Supremo avalan la postura vecinal sobre las antenas

Los ayuntamientos pueden adoptar medidas de protección a la salud como limitar la potencia de emisión de los dispositivos

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La Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad tiene ya un nuevo argumento de peso para defender su postura sobre la colocación de más antenas de telefonía en la ciudad. Dos recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo legitiman a los ayuntamientos a imponer más restricciones y condiciones a la colocación de estos dispositivos electromagnéticos como, por ejemplo, la regulación de la potencia de emisión o la ubicación lejos de lugares de especial sensibilidad como guarderías o centros sanitarios.

Las dos resoluciones judiciales se refieren a los municipios de Sant Lluis, en Baleares, y Alcoy, en Valencia. El vocal de Medio Ambiente de la federación vecinal jerezana ve en ellos un ejemplo a seguir por el Consistorio jerezano: «Queremos que el Ayuntamiento haga lo mismo, que se garantice la cobertura de los teléfonos pero mirando siempre por la salud de los ciudadanos», dijo Francisco Gil.

En el caso de Alcoy el Supremo aseguró que la autoridad municipal podía poner distancias y límites de densidad de emisiones a las operadores para poner antenas cerca de espacios sensibles mientras que en el caso de la localidad balear los jueces van un poco más allá al afirmar que los Ayuntamientos tienen competencias municipales para establecer medidas adicionales de protección a las establecidas en la legislación estatal. Sant Lluis tiene aprobada una ordenanza que fija «un límite de emisión no superior a los 0,001 w/m2 en cualquier zona donde pudieran permanecer habitualmente personas» o «mantener un espacio de 200 metros alrededor de los espacios de concentración y permanencia continuada de población sensible, tales como guarderías, centros de educación infantil» o bien, «condicionar el otorgamiento de las licencias urbanísticas en determinadas zonas saturadas». Gil insistió en que «lo que nosotros pedimos es protección por parte del Ayuntamiento mientras no haya informes fiables que garanticen que esas antenas no causan daños para la salud».

Otros ejemplos

Además del ejemplo de Sant Lluis y Alcoy, desde Solidaridad citan otras ciudades que se han opuesto a la colocación masiva de antenas y que mantienen desde hace años una moratoria de dispositivos de telefonía móvil y wi-fi como la que el colectivo vecinal ha solicitado en el Consistorio jerezano. Es el caso del municipio de Basauri, en el País Vasco, donde aprobaron en 2002 una moratoria que impedía «por precaución» poner nuevas antenas, lo que le supuso al ayuntamiento de la localidad enfrentarse a dos procesos judiciales con las compañías de telecomunicaciones. Además, recientemente la corporación municipal dio el visto bueno en bloque a la bajada de la intensidad de las antenas de telefonía móvil.

La principal preocupación de los colectivos vecinales jerezanos es «ver qué decisión toman los políticos de la ciudad: en defensa de la salud de los jerezanos o en defensa de los intereses de las grandes compañías de telefonía». Según recordó Francisco Gil, el informe Interphone asegura que «el 40% de la población puede padecer un glioma a causa de la exposición a las ondas electromagnéticas».

Intenciones en Jerez

Desde la federación Solidaridad sostienen que en Jerez hay alrededor de unas 300 antenas (en un sólo mástil puede haber varias), muchas de ellas perceptibles por los ciudadanos y otras no tanto. El crecimiento de los últimos años ha sido exponencial ya que en 2005 solamente había 95 y de una tacada se aprobaron otras 65 más.

La calle Muro, las avenidas República Saharaui, Fernando Portillo y León de Carranza, el edificio Jerez 74 o la Ciudad del Transporte son algunos de los emplazamientos de futuras antenas, si es que el Ayuntamiento sigue finalmente adelante con la propuesta que hizo el pasado mes de abril.