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La Fiscalía, contra los que ocupan con tarjeta falsa plazas de minusválidos

CÁDIZ

La Fiscalía, contra los que ocupan con tarjeta falsa plazas de minusválidos

28.06.10 - 00:14 -
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La batalla de la administración local contra los conductores que falsifican tarjetas de aparcamiento de minusválidos, o contra los que utilizan documentos reales sin ser discapacitados, ha tomado un nuevo cariz legal en Cádiz. El Ayuntamiento ha decidido abrir una ofensiva que puede tener un desenlace mucho más grave para los infractores que, finalmente, sean considerados culpables. La campaña municipal consiste en retirar los vehículos cuya tarjeta resulta sospechosa. Bien por su material, por su tamaño o por su configuración. Si los agentes consideran que puede ser una burda copia o una descarga de Internet, retiran el automóvil y lo trasladan al Depósito Municipal.
Una vez allí, se le comunica a su titular que debe presentarse a recogerlo con la documentación oficial que acredita a su conductor como discapacitado o minusválido y, por tanto, como legítimo propietario de esa tarjeta de aparcamiento. Si lo hace, se le entrega el vehículo sin multa ni obligación de pago por el depósito. Si no puede acreditar que es poseedor legítimo de ese documento para aparcar en plazas reservadas, se remite denuncia a la Fiscalía. Este paso no supone una multa de tráfico común, puesto que el Ministerio Público abre diligencias por falsificación de documento público, que puede llegar a acarrear sanciones mucho más severas.
Ese posible castigo, que debe ser finalmente confirmado o descartado por un tribunal, se produce en paralelo a la nueva Ley de Seguridad Vial, que entró en vigor el pasado 31 de mayo, y que considera el aparcamiento irregular en una plaza de minusválido como una falta «grave», con la resta de dos puntos en el carné de conducir además de la sanción económica.
En lo que va de año, el Ayuntamiento de Cádiz ha retirado unos 60 vehículos aparcados en plaza reservada y con tarjeta sospechosa. De todos ellos, 15 casos han acabado ante la Fiscalía, según confirma el primer teniente de alcaldesa, José Blas Fernández. En todos esos episodios, el conductor no ha podido demostrar documentalmente que haya obtenido de la administración ninguna tarjeta que permite el estacionamiento en esas plazas. Fernández asegura que el endurecimiento de la persecución a este tipo de infractores se ha producido por «la grave problemática que causan esos conductores desaprensivos. No hablamos de ninguna broma. Los discapacitados que realmente necesitan esas plazas ven alterada toda su vida cotidiana si se encuentran la plaza ocupada por alguien que no la necesita. Alguien que se debe valer, por ejemplo, de una silla de ruedas, no puede aparcar en cualquier sitio y la ocupación ilegal de su plaza bloquea totalmente su movilidad, su vida diaria».
De hecho, asegura que este tipo de medidas se han tomado a raíz de las «constantes peticiones de ayuda de colectivos como Fegadi», que agrupa a buena parte de los discapacitados físicos de la provincia.
El mismo representante municipal asegura que esta técnica de lucha contra el fraude en el uso de estas tarjetas «se mantendrá durante muchos meses» porque la extensión de este engaño «se ha multiplicado en los últimos años».
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Una de los estacionamientos reservados, en Amílcar Barca. :: M. GÓMEZ

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