Uno de los detenidos sale del vehículo en el que ha sido trasladado hasta los juzgados. :: JESÚS ARAGÓN
Ciudadanos

La familia Galán es trasladada a Chiclana para comparecer ante el juez

A la salida de la Comandancia de la Guardía Civil de Cádiz, donde los detenidos han pasado la noche, se encontraban numerosos periodistas y conocidos rostros de la prensa del corazón

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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Las 15 personas que fueron detenidas ayer por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Toscana' contra la explotación sexual --entre los que se encuentran el torero Juan Pedro Galán, su hermana Rocío, sus padres y los encargados de seis clubes de alterne distribuidos en las provincias de Cádiz y Málaga-- han sido trasladadas a Chiclana para prestar declaración en el Juzgado número 5 de la localidad.

A la salida de la Comandancia de la Guardía Civil de Cádiz donde los detenidos han pasado la noche, se encontraban numerosos periodistas y conocidos rostros de la prensa del corazón, movidos este último por la supuesta relación entre José Ortega Cano y Rocío Galán.

Ante la importante concentración de medios la Guardia Civil ha dispuesto los vehículos de tal forma que no se pudieran tomar imágenes de los detenidos. Y es que días atrás, la Fiscalía emitía una circular en la que instaba a evitar que se grabaran imágenes de sospechosos esposados.

Los pormenores de la Operación Toscana

Todo comenzó en Conil, en una noche de abril del año pasado, cuando la Guardia Civil irrumpió por sorpresa en el club Garum, otrora un hotel convencional y desde hace años conocido prostíbulo a manos de la familia Galán; empresarios de la noche afincados entre Jerez y El Puerto. En esa primera inspección, los agentes hallaron irregularidades suficientes para saber que estaban ante un negocio turbio: empleados sin contratos, prostitutas extranjeras sin papeles y las primeras confidencias de algunas mujeres que confesaron ser víctimas de una situación aberrante de explotación. La siguiente parada esa misma noche fue el hotel club Medina Park, regentado por la misma familia, y donde también detectaron piezas que no encajaban. Éste fue el germen de la 'Operación Toscana' que llevó ayer a los calabozos al empresario Juan Luis Galán, su segunda esposa y dos de sus hijos, el torero Juan Pedro Galán y Rocío, 'presa' del papel 'couché' en septiembre del año pasado cuando se supo de su estrecha relación con el también diestro Ortega Cano. La Guardia Civil los considera el núcleo central de un entramado delictivo que pudo obtener pingües beneficios a través de la prostitución, pero cuyas ganancias pasaban supuestamente por el pertinente proceso de lavado para escapar de la vista del fisco. Un negocio basado en el sexo, pero con una pátina de lujo y «bienestar para el cuerpo y la mente»; eslogan que promocionan los establecimientos de la red ahora desmantelada tanto en Internet como en vallas publicitarias.

Aunque el germen del 'caso Toscana' nació tras una aparente inspección rutinaria, fuentes de la investigación confirmaron a este medio que «iban a tiro hecho». La familia Galán había hecho excesiva ostentación de poderío económico y, además, no escondían qué tipo de actividad se hacía en sus locales. Demasiada publicidad que mosqueó a los agentes, los cuales decidieron indagar si todo estaba en regla.

Lavado en La Isla

La investigación que arrancó en abril explotó en la madrugada de ayer, cuando un centenar de agentes del Instituto Armado registraron a la vez los seis prostíbulos de la familia, cinco en la provincia gaditana y uno en Estepona, más siete domicilios y una asesoría situada en San Fernando. En esta oficina presuntamente se arreglaba el enjuague de ganancias que consistía en declarar a Hacienda ingresos muy inferiores a los que realmente obtenía los Galán. El matrimonio y dos de los hijos del principal cabecilla no fueron los únicos en caer, los agentes también arrestaron a otras 11 personas más, entre los que se encuentran la esposa del diestro Juan Pedro Galán, los encargados de los clubes y personal a sueldo del entramado, como el gestor que supuestamente arreglaba los papeles para desviar los beneficios del entramado. Por ahora, el titular del juzgado nº 5 de Chiclana ha autorizado inmovilizar 50 millones de euros, que conformaría el patrimonio de la red entre fincas, viviendas, coches (24) y caballos.

Una parada con chófer

Las sospechas de blanqueo se confirmaron en una mansión situada en la avenida principal de Valdelagrana. Allí dormía el matrimonio Galán cuando llamaron a la puerta los efectivos de la Policía Judicial a la una de la mañana. No hubo escenas de desesperación, sino más bien un trato correcto, indicaron las mismas fuentes. Quizás no esperaban que debajo de una bañera jacuzzi la Guardia Civil iba a encontrar medio millón de euros en billetes de 50 y 100, repartidos en paquetes tipo fardo como los que utilizan los narcos. Otros 15.000 estaban depositados en la caja fuerte de la vivienda. Al mismo tiempo, a los clientes que les pilló la redada en los seis prostíbulos veían cómo la noche de placer se acababa de manera abrupta al verse envueltos en una operación que sacó de la rutina a unas 150 mujeres extranjeras que en esos momentos ofrecían sus servicios en unos establecimientos que se publicitan como meros hoteles; eso sí, una publicidad acompañada de fotografías de chicas ligeras de ropa y de pose sugerente. Los detenidos, que pasaron la noche en los calabozos de la Comandancia de Cádiz y el cuartel de Chiclana, fueron sometidos también a un estudio patrimonial que confirmó incoherencias sospechas, según los investigadores, tales como un jubilado sin ingresos aparentes pero con un tren de vida excesivo o la parada que estuvo cobrando el subsidio pese a tener chófer y camarera que le servía el desayuno en la cama.

La siguiente pieza clave en la larga noche de redada, que se desarrolló durante 14 horas, fue la finca El Toro, en el extrarradio de Jerez y para la Guardia Civil centro neurálgico de las actividades del entramado. En esta finca, donde ahora no reside ninguno de los Galán, es la sede social de la decena de sociedades vinculadas a la familia como Club Hotel S.L. o Juan Pedro Galán S. L. Ésta última tiene como razón social, según consta en el Registro Mercantil, el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Esta familia jerezana inició sus primeras aventuras empresariales en los años ochenta con la compra de hoteles como el Garum, que transformarían en burdel. Y aunque sobre los papeles tienen diversificados sus negocios entre la hostelería, el sector inmobiliario y las explotaciones agrarias, para la Guardia Civil algunas de estas sociedades sólo constan en negro sobre blanco y supuestamente funcionaban como pantalla en una estudiada ingeniería financiera de blanqueo.

En la citada finca, que no tiene un pasado inmaculado, la Policía Judicial se hizo con abundante información que ahora está en estudio e intervino varios caballos propiedad de Juan Pedro Galán. El Ayuntamiento de Jerez denunció en 2002 las actividades que sin autorización se desarrollaban en esta propiedad. El decreto emitido por Alcaldía, que ordenaba la clausura de las instalaciones donde se hacían festivales taurinos con alojamiento incluido pero sin licencia, fue ratificado por una sentencia del juzgado de lo Penal que condenaba por desobediencia al torero a seis meses de prisión ya que desoyó el requerimiento municipal. En su día, Galán dijo sentirse víctima de una injusticia. Alegó que sólo organizaba fiestas para amigos.

Los quince detenidos, que está previsto que pasen hoy a disposición judicial, están acusados por la Guardia Civil de explotación sexual, blanqueo de capitales y falsedad documental. Pero las irregularidades detectadas en los burdeles no se ciñen sólo a las condiciones de trabajo impuestas a las prostitutas o al desvío de ganancias, indicaron fuentes de la investigación.

En las diligencias que va a recibir el juez instructor hay varias denuncias de clientes que detallan cómo les cobraron entre 6.000 y 8.000 euros por unos servicios sexuales que estaban tarifados con otro precio. Todos coinciden que fueron engañados por las prostitutas, las cuales antes de subir a la habitación, les recogían la tarjeta de crédito para realizar el pago. Sólo cuando revisaban sus cuentas comprobaban que habían pagado mucho más de lo que habían pactado.

Para bolsillos pudientes

El lujo del que presumen los propietarios de la cadena Galantería -nombre que aglutina los seis burdeles de la familia- no se halló durante los registros en los prostíbulos, donde entre otras infracciones de bajo perfil los agentes se encontraron con máquinas expendedoras de tabaco que vendían las cajetillas a un precio muy por encima del legalmente establecido. Fumarse un cigarrillo, como toparse una copa en estos locales, no estaba al alcance de cualquiera. Cinco euros costaba una cajetilla cuando su precio fuera del estanco está por debajo de cuatro.

Pero esta historia, que sólo acaba de comenzar, tiene su lectura positiva más allá de la efectividad del trabajo policial. Al menos los necesitados de Jerez recibirán a través de Cáritas una gran cantidad de alimentos perecederos que estaban almacenados en los clubes y que la Guardia Civil lo ha entregado a la organización humanitaria.