Uno de los muchos carteles mostrados durante las protestas
Uno de los muchos carteles mostrados durante las protestas
EDUCACIÓN

A la espera de la Junta para arreglar la situación de los colegios de Defensa

Patricia Cavada insiste en que el Consistorio tiene la intención e hacerse cargo de los centros pero depende de cuestiones jurídicas

SAN FERNANDO Actualizado: Guardar
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La Junta de Andalucía es la que tiene la última palabra para solucionar de una vez por todas el conflicto en el que están sumergidos los antiguos colegios de Defensa de la ciudad. Cuatro centros (que pasarán a ser tres porque uno se cierra este año) que no tienen definido de quién depende su mantenimiento ya que Defensa los cedió a la Administración regional que asegura que es competencia municipal hacerse cargo de ellos, mientras que el Consistorio defendía que fueron cedidos a la Junta. Ahora desde el Consistorio se ha mandado un convenio para resolver la cuestión jurídica y hacerse ellos cargo de estos equipamientos educativos.

Eso sí, todavía hay que atar un par de cuestiones porque también hace falta hacer «una foto fija» de cómo están los centros, tal y como afirmó la propia alcaldesa, patricia Cavada que una vez más mostró su compromiso a que sea el Ayuntamiento el que se haga cargo de los colegios.

Precisamente ha mantenido en estos días una serie de reuniones tanto con la Consejera como con los directores de los centros y las asociaciones de madres y padres en la que ha informado de los avances que se están llevando a cabo para rubricar el convenio que permitirá poner fin al conflicto de competencias sobre el mantenimiento de estos centros.

Aún se trabaja en el documento final de convenio por el que el Consistorio pasará a costear, luz, agua y mantenimiento básico del Cecilio Pujazón, Vicente Tofiño y Juan Díaz de Solís, mientras que los edificios no aguantan los achaques del tiempo y requieren de intervenciones continuas.

Es el caso del propio Cecilio Pujazón que mantiene los cuartos de baño cerrados ante escapes y fugas de agua. Según anunció la regidora ya ha ido una empresa a analizar la situación y la inversión para solucionar este problema asciende a los 3.300 euros, una factura que ya está también encima de la mesa de la Junta.

Principio de acuerdo, pero por ahora solo eso el principio, aunque al menos parece que la solución a este conflicto que se acerca a la década está ya algo más cerca.

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