Cádiz Provincia - San Fernando

El buzo isleño 'Fofi' mantiene su lucha contra la administración autonómica después de 25 años

«La Junta de Andalucía cometió irregularidades con mi expediente», denuncia Adolfo Lería Bosh, que atesoraba en un almacén una colección de casi un millar de piezas arqueológicas que le fueron requeridas tras un registro

El buzo isleño 'Fofi' mantiene su lucha contra la administración autonómica después de 25 años

El 24 de septiembre de 1991, hace ahora 25 años, la Guardia Civil irrumpía en una de las casas de la carretera de Fadricas para realizar un registro autorizado por el Juzgado de Primera Instancia de San Fernando. «Inspeccionaron la vivienda pero no encontraron nada porque mi colección estaba en un almacén cercano. Al anochecer, quisieron hacer un segundo registro en la nave pero yo no estaba y un familiar fue quien negó la autorización a los agentes para entrar. Entonces, amenazaron con echar abajo la puerta y terminaron por llevarse 913 piezas de mi propiedad por encima de la valla. Fue todo anticonstitucional e irregular», considera Fofi.

Aquel 24 de septiembre arrancaba la contienda legal que le ha conducido por infinidad de despachos, abogados y juzgados en un enrevesado proceso que el buzo isleño se niega a dar por concluido porque se muestra convencido de que existe todo un entramado político y judicial que maniobra para que no se escuche su voz. Bosh Lería suma 70 años y, pese a su salud quebrantada (tiene reconocida una invalidez del 45 por ciento) sigue batallando.

El buzo isleño Fofi atesoraba en un almacén una colección de casi un millar de piezas arqueológicas

Como resultado del registro realizado por la Guardia Civil le fueron incautadas casi 1.000 piezas arqueológicas. Tras las diligencias previas, no hubo sanción penal pero se abrió un expediente administrativo por una infracción de la Ley 1/1991 de 3 de julio contra el Patrimonio Histórico de Andalucía y se le impuso de una multa de 17,5 millones de pesetas (105.000 euros). Las piezas arqueológicas (que el buzo se niega a llamar expoliadas) permanecen incautadas en depósito.

Un tesoro «a voces»

Fofi asegura que todo el mundo era conocedor de que atesoraba multitud de piezas arqueológicas. Indica que parte de la colección procedía del legado de su bisabuelo y de su padre que llevaban las almadrabas en Conil y Chiclana; otras piezas fueron recuperadas por él o compradas. «Nunca he tenido afán de esconder nada. Tenía objetos que estaban expuestos en Puerto Real y la prensa publicó un reportaje en 1985. En esa misma fecha también vinieron el director del Museo de Cádiz y el arqueólogo provincial y tuve contactos con la Junta de Andalucía porque me querían comprar la colección. No quise venderla pero estaba dispuesto a cederla para exponerla públicamente a cambio de que me contrataran para hacer la labor de buzo, que era lo mío. Como me negué –prosigue–, al final vinieron a quitármela».

Se le abrió un expediente administrativo por una infracción contra el Patrimonio Histórico

Adolfo Bosh insiste a este periódico en que la actuación de la Junta «no se ajusta a derecho» y se apoya para respaldar esta afirmación en numerosos escritos y recursos que lleva presentados desde hace 25 años. En su batalla legal, relata que ha presentado un recurso contencioso-administrativos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un recurso de casación en el Tribunal Supremo, ha acudido al Defensor del Pueblo para solicitar amparo e incluso se ha manifestado en varias ocasiones ante la Delegación de Cultura de la Junta.

Una de las alegaciones que realiza alude a la caducidad del procedimiento sancionador. Según el isleño, el tiempo transcurrido desde la incoación hasta que le fue notificada la resolución supera los seis meses que es el plazo límite establecido legalmente. De haber sido estimada esta cuestión por la Sala habría que declarar como nulo el procedimiento (no ha sido así). También hace referencia a irregularidades en los registros que, según Fofi, se saltan el artículo 18.2 de la Constitución Española que hace referencia a la inviolabilidad de la vivienda: «No hay auto para el registro del almacén y el auto de registro de la casa no tiene sello del Juzgado, ni firma del Secretario. Mi nombre no aparece y tampoco hay denuncia alguna que fundamente el registro», argumenta. Así mismo, hace constar que lleva denunciando desde 1993 la existencia de falsedades documentales, cambios de fechas, alteración, supresión y modificación en el orden de las páginas de su expediente: «Quiero denunciar que se ha cometido prevaricación judicial, administrativa y falsedad documental», insiste.

El pasado febrero, el fiscal impugnó el recurso de reforma interpuesto por el buzo contra el auto que acordaba el archivo de las actuaciones. Pese a este nuevo revés, el isleño no ceja en su empeño y anuncia que volverá a manifestarse para reclamar justicia. No quiere que se de carpetazo a su expediente.

Fofi asegura que ha sido un proceso plagado de sin sabores pero que le ha servido para afianzar el respeto hacia los que han permanecido a su lado. Uno de estos amigos incondicionales es la arqueóloga Olga Villaespín que trabajó con el buzo en una campaña oficial en la que «con pocos recursos económicos y en poco tiempo se consiguieron unos resultados espectaculares». Para ella, la sanción es desproporcionada y lo que pretende es desprestigiar a Bosh Lería. El submarinista, que ha recorrido numerosas salas y auditorios exponiendo su caso, reconoce que también ha contado con la colaboración de ciudadanos que se han querido sumar a la iniciativa que da a conocer su historia en las redes sociales.

Cazatesoros

El Golfo de Cádiz alberga más de 3.000 pecios hundidos. Entre ellos, el de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804. Odissey expolió en 2007 toneladas de monedas de oro y plata del pecio sumergido pero, después de un largo litigio judicial, los tribunales dieron la razón al Gobierno español que reclamaba la titularidad y condenaron a la empresa americana.

La legislación de cada país respecto al patrimonio es muy diferente. En EE.UU. (de donde es la empresa Odissey) los restos arqueológicos no son propiedad de nadie. Son de quién se los encuentra. La legislación española es, por el contrario, mucho más restrictiva ya que establece que todo el material arqueológico que se extrae, pertenece al Patrimonio Español. Odissey tuvo que pagar más de un millón de dólares como multa por su actuación deshonesta y mala práctica.

El expediente de Adolfo Bosh contiene tantas tramas, escenarios, héroes, villanos y tesoros que bien podría tratarse de una novela. Su relato, pese al paso de los años, continúa escribiéndose porque Fofi se rebela contra el archivo de su causa. «Quiero justicia, que me devuelvan mi colección y mi vida», reivindica.

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