Los inspectores de Hacienda proponen publicar el IRPF de políticos y empresarios

Dar publicidad de las declaraciones de IRPF de los contribuyentes "especialmente" de políticos y empresarios. Esa es una de las medidas estrella propuesta por la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en la primera jornada de su congreso anual que se celebra hoy y mañana en Bilbao y que tiene como eje el problema de la corrupción. Desde este colectivo consideran que el conocimiento de esos datos supondría un paso en materia de transparencia que generaría "mayor conciencia cívica tributaria". En concreto, para cumplir con la Ley de Protección de Datos se trataría de dar a conocer únicamente datos de "índole numérica recogidos en la liquidación tributaria".

Y es que desde la organización que preside Ransés Pérez consideran urgente tomar medidas para acabar con la "lacra de la corrupción". Así, los inspectores han apostado por la creación de un megaorganismo, la Oficina Antifraude (ONAF), encargado de prevenir, investigar y coordinar toda la lucha contra la corrupción y el fraude. En dicho órgano se unificarían los distintos actores que actualmente combaten esta materia desde el ámbito policial o de la Guardia Civil (UDEF y UCO), tributario (la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y el Servicio de Vigilancia Aduanera) y el Ministerio Fiscal. La idea, por tanto, es que este organismo estuviera compuesto por distintos representantes de estas unidades. De esta forma se crearía una Policía Fiscal, otra de sus reivindicaciones. Además, para velar por la independencia de la ONAF defienden que sea nombrada por el Parlamento y no por el Gobierno. También proponen la creación de una Policía Fiscal

Tras los últimos escándalos de fraude, como el de las tarjetas black de Caja Madrid, los Inspectores de Hacienda han aprovechado para denunciar la dificultad para investigar los delitos relacionados con la corrupción. De hecho, han recordado que la mayoría de los casos vinculados con estos tipos de delitos "se descubren por meras casualidades o denuncias" pero no como "producto de la investigación de los órganos preventivos o represivos". Es decir, de la Agencia Tributaria. Por su parte, también han puesto el foco como uno de los principales problemas y causa de la desafección de la ciudadanía en la "falta de condena efectiva y el ingreso en prisión" de los culpables, así como la "escasa recuperación del dinero producto de sus actividades delictiva".

Desde esta organización han realizado distintas propuestas para combatir la corrupción. En este sentido, proponen que la Agencia Tributaria establezca un plan de comprobación de personas y entidades que se hayan acogido a la amnistía fiscal -medida que han criticado duramente por "favorecer únicamente a los defraudadores"-, reforzar la denuncia pública mediante la regulación de canales de información que garanticen la necesaria confidencialidad a los ciudadanos o empleados de empresas que disponen de información sobre fraude además de dar a la Agencia Tributaria la competencia para investigar los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de contrabando y narcotráfico.

Paraísos fiscales

En cuanto a los paraísos fiscales han señalado la necesidad de modernizar y ampliar una lista internacional de estos territorios, tipificar como infracción tributaria o como delito el ofrecimiento de productos o servicios destinados al fraude. También la obligación de identificar a los clientes de filiales y sucursales de entidades españolas radicadas en paraísos fiscales e implantar la tasa sobre las transacciones financieras.

Además, a nivel internacional, obligar a los bancos a proporcionar información de la identidad de los clientes de sus filiales en paraísos fiscales y revisar todos los Acuerdos de Intercambio de Información firmados hasta ahora con los paraísos fiscales para implantar "un nuevo estándar internacional" de intercambio de información tributaria.

Por último, también apuestan por modificar el Código Penal para reforzar las medidas contra la corrupción, negar el indulto a los condenados por delito fiscal u otro delito económico y la creación de juzgados especializados en delitos económicos, entre otros.