Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / Efe
Conocer la agenda de Rajoy, una "anécdota"
La reforma del Código Penal que el Gobierno envía hoy al Parlamento prevé, por primera vez, penas de prisión para los responsables políticos que oculten o falseen las cuentas públicas, provocando un daño económico a las administraciones. Según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros esas acciones estarán penadas con 1 a 4 años de cárcel, además de una inhabilitación de 3 a diez años. Además, a petición del Consejo de Estado, se reformará la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para hacer “inelegibles” a las personas que sean condenadas por alterar las cuentas públicas o guardar facturas en el cajón.
En el nuevo Código Penal –ha explicado Sáenz de Santamaría- también se introducirá el delito “fiscal agravado” para defraudaciones mayores de 600.000 euros, llevadas a cabo por bandas criminales o aquellas hechas por testaferros o a través de paraísos fiscales. Estas prácticas estarán penadas con hasta 6 años de privación de libertad y no prescribirán hasta los 10 años. También habrá un endurecimiento del fraude al IVA o a la Seguridad Social.
Otras leyes
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes otras leyes que serán discutidas en las próximas sesiones del Congreso de los Diputados. Entre ellas se encuentra el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Entre los objetivos que persigue el Ejecutivo está el de garantizar la sostenibilidad del sistema público de prestaciones, tal y como subrayó ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados.
Entre las medidas que contempla el proyecto de ley figura la anulación del actual tope máximo de las sanciones, fijado en 187.515 euros, y el reforzamiento del trabajo de los inspectores con el objetivo de hacer aflorar la economía sumergida.
El proyecto modificará la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social en aspectos tales como el disfrute indebido de reducciones en las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, faltas de alta y cotización por los salarios de tramitación y vacaciones devengadas y no disfrutadas. Además se elevará el rango de las sanciones, tipificándose, por ejemplo, como infracción muy grave que una empresa haga ir a trabajar a empleados afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornada.
Las nuevas penas máximas para el fraude a la Seguridad Social pasarán de cinco a seis años y se ampliará la prescripción de cinco a diez años en los supuestos más graves. Estos cambios afectarán también al fraude fiscal.
