La comisión de investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo ( ERE ) se constituirá este miércoles en el Parlamento andaluz, con la elección de su presidente.
Como se recordará, los tres grupos parlamentarios, PP-A, PSOE-A e IULV-CA, registraron este lunes sus respectivas propuestas de integrantes de la comisión de investigación. Cada grupo contará con tres miembros (más un suplente) y las votaciones se producirán mediante voto ponderado.
El PP-A ha propuesto como sus miembros en la comisión a su portavoz parlamentario, Carlos Rojas, a Rafael Carmona y a Teresa Ruiz Sillero, mientras que de suplente ha planteado el nombre de Rafael Salas; el PSOE-A, a Antonia Moro, Enrique Benítez y Jesús María Ruiz (José Muñoz como suplente), e IULV-CA, a su portavoz, José Antonio Castro; al vicepresidente primero de la Cámara, Ignacio García, y a Alba Doblas (Marina Segura como suplente).
El PP-A ha reclamado públicamente la presidencia de la comisión de investigación, haciendo un llamamiento a Izquierda Unida para que lo apoye. Por su parte, el portavoz parlamentario de IU ha anunciado que su formación reclamará la presidencia de la comisión para un diputado de Izquierda Unida.
El presidente de la comisión será elegido bien por unanimidad, si hay acuerdo entre todos los grupos sobre un nombre, o bien por mayoría si no se alcanza un consenso. La Mesa de la comisión la conformará, por tanto, únicamente el presidente de la misma y un letrado de la Cámara.
Sin plazos fijos
Las sesiones de la comisión de investigación, como las comparecencias, serán a puerta abierta. Una vez que la comisión quede constituida, los grupos decidirán sobre el comienzo de los trabajos, el método, los comparecientes y los plazos para aprobar las conclusiones. No hay ningún plazo para el desarrollo de los trabajos y si la comisión decidiera trabajar en julio deberá pedir que se habilite este mes, que es inhábil por vacaciones parlamentarias.
Los grupos aprobaron la pasada semana por unanimidad una resolución de la Presidencia del Parlamento sobre la organización y funcionamiento sobre las comisiones de investigación, en la que se recoge que los requerimientos para comparecer se realizarán mediante citación de la Presidencia de la Cámara y con "apercibimiento de que si no comparece incurrirá en el delito de desobediencia previsto 502.1 del Código Penal".
Asimismo, se señala que el requerido podrá comparecer acompañado por la persona que designe para asistirle que no tendrá derecho de voz en la comparecencia. Antes de que declare en la comisión, el presidente advertirá al compareciente de lo establecido en el artículo 502.3 del Código Penal para el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, podría incurrir en delito penal. El requerido, según la resolución de la Cámara, tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente.
Si durante la celebración de la comparecencia, el compareciente entendiese que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucional, podrá solicitar la intervención de la Mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considera vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la Mesa al respecto. De las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la comisión de investigación, la Mesa del Parlamento, a través de su presidente, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda.
