El PP ha enviado a la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, un total de 21 expedientes con modificaciones de partidas presupuestarias por parte del Consejo de Gobierno, algunas de ellas destinadas al "fondo de reptiles", y que asegura que el Gobierno andaluz no ha remitido a la magistrada. Según ha señalado en rueda de prensa el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, su partido pide a la jueza que vuelva a exigir al Gobierno andaluz todos los expedientes de modificaciones presupuestarias porque "no les ha remitido" todos los demandados.
Los populares han entregado a la juez 21 informes de modificación presupuestaria que suponían transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo y la de Innovación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que posteriormente se denominó Agencia IDEA, que suponían un incremento de 120 millones de euros.
Algunas de estas partidas fueron a parar al programa 31L, denominado como "fondo de reptiles" por el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, según Sanz, quien ha dicho que su partido ha constatado la existencia de un expediente por valor de 6 millones de euros y otro por 300.000 euros. "La Junta negó que existieran más expedientes que los que entregó a la juez y sin embargo hay hasta 21 que no ha entregado", ha recalcado el secretario general de los populares andaluces.
Irregularidades
El dirigente del PP ha recordado que la juez limitó entre 2005 y 2011 el periodo en el que la Junta debería entregar los expedientes de modificación presupuestaria, ya que consideraba que era a partir de esta fecha cuando aparecieron los informes de la Intervención de la Junta que advertían del procedimiento.
No obstante, la declaración ante la juez por parte del exconsejero de Empleo Antonio Fernández hace unas semanas puso de manifiesto, según Sanz, que esta práctica era conocida por el Consejo de Gobierno, por lo que el PP ha remitido otro escrito a la magistrada en el que pide que reclame a la Junta las modificaciones presupuestarias realizada también entre el 2001 y el 2004.
El PP ha entregado también un informe de 2003 en el que la Intervención de la Junta, al establecer los criterios por los que se deben regir las ayudas, detecta "deficiencias" en algunas destinadas a algunas empresas públicas, por lo que los populares deducen que las "irregularidades" se conocían antes de 2003.
