El Poder Judicial acuerda por unanimidad apartar a Garzón y retrasa la decisión sobre su traslado a La Haya

La Ley Orgánica del Poder Judicial no dejaba más salidas a Baltasar Garzón, que ha visto cómo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordaba por unanimidad suspenderle una vez que el Tribunal Supremo ha abierto juicio oral en su contra. De "juez estrella" ha pasado a quedarse sin funciones y con su traslado a la Corte Penal Internacional de La Haya en el aire; y todo cuando está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por una presunta prevaricación al asumir la investigación de las desapariciones del franquismo cuando carecía de competencia.

El Consejo, en un pleno extraordinario, ha actuado contra Garzón en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. De este modo, el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se ve obligado a abandonar "de forma automática" la Audiencia Nacional hasta que no se resuelvan las tres causas abiertas por prevaricación contra él en el Tribunal Supremo.

Nada más conocer esta decisión, el juez suspendido abandonaba la Audiencia llorando y entre los aplausos, abrazos y gritos a favor de algunos compañeros, como los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu, trabajadores del tribunal y miembros de asociaciones de la Memoria Histórica. No ha sido el único acto de apoyo. Las plataformas que respaldan al magistrado han anunciado movilizaciones por todo el país. La primera, esta tarde a las puertas de la Audiencia. Le seguirán actos semanales de protesta en la Puerta del Sol, en Madrid.

Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces se ha limitado a acordar su suspensión y no ha valorado la petición realizada por Garzón para ser declarado en situación de "servicios especiales" con el fin de aceptar una plaza de asesor de la Fiscalía en el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda). Esta maniobra hubiera evitado su suspensión durante, al menos, los siete meses para los que ha solicitado el permiso. Ha sido la Comisión Permanente del Poder Judicial, citada a las 18.00 horas, la que ha debatido sobre esta solicitud durante cerca de dos hoas. Al final los vocales no se han puesto de acuerdo y la decisión se queda pendiende de los nuevos informes que se han solicitado, entre ellos, uno a la Sala de lo Penal del Supremo, la encargada de juzgarle por prevaricación. El Consejo ya ha comunicado al juez suspendido que aún no hay respuesta a su petición de traslado.

Los argumentos del pleno

Por la mañana, tras la reunión extraordinaria del pleno del CGPJ que se prolongaba durante algo más de dos horas, su portavoz, Gabriela Bravo, explicaba que el acuerdo de suspensión de funciones se adoptaba en cumplimiento de los artículos 383.1 y 384 de la LOPJ. Los vocales entienden que el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado miércoles por el magistrado del Supremo Luciano Varela -que es quien ha investigado la querella presentada por Manos Limpias por el asunto de la Memoria Histórica-, determina la salida temporal de Garzón de la Audiencia Nacional mientras se resuelve este procedimiento penal, donde se solicitan para el magistrado 20 años de inhabilitación.

La suspensión no determina, en cambio, la pérdida de su plaza en la Audiencia Nacional aunque se prolongue más de seis meses, puesto que la resolución deriva de una decisión judicial -que aún debe sustanciarse - y no de un acuerdo disciplinario del CGPJ, según han explicado fuentes jurídicas. Habrá que esperar a conocer si Garzón es finalmente condenado o absuelto; en el segundo de los casos la suspensión sería anulada. Además, hay que tener en cuenta que en el ínterin aún podría sentarse al juez en el banquillo por las otras dos causas que tiene pendientes en el Supremo -por los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York patrocinados por el Banco Santander y por intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' en prisión-, lo que prolongaría 'de facto' su situación de "juez suspendido".

Oficialmente apartado

Bravo explicaba que se había informado a Garzón vía telefónica de la decisión de suspenderle, aunque sólo de la parte dispositiva de la resolución porque el resto debía ser redactado. Pasadas las 20.00 horas recibía la notificación formal, por lo que desde ese momento está oficialmente apartado del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras 23 años de ejercicio en este órgano. El magistrado ha recibido la comunicación en su despacho de la Audiencia, al que había regresado por la tarde.

La suspensión se ha acordado de forma unánime por un pleno integrado por 17 vocales del Consejo más el presidente, Carlos Dívar, ya que finalmente se había rechazado la recusación que había presentado Garzón contra la vocal Gemma Gallego. El juez ahora suspendido alegó en su día que la "enemistad manifiesta" que le profesa Gallego podría incidir en su votación para apartarle cautelarmente de la Audiencia Nacional. Gallego ha permanecido fuera de la sala de juntas y se ha incorporado a las discusiones una vez se le ha comunicado que la recusación había sido desestimada.

Tampoco han formado parte del pleno el vocal José Manuel Gómez Benítez -quien se ha ausentado voluntariamente en su condición de ex abogado y amigo personal de Garzón- el vicepresidente de este órgano, Fernando de Rosa; y la vocal Margarita Robles. Los dos últimos fueron recusados igualmente por el magistrado de la Audiencia Nacional y se apartaron de la discusión en aras a preservar la imagen de imparcialidad del órgano de gobierno de los jueces.

Respeto del Gobierno

Preguntada por la suspensión, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández, ha reiterado el respeto del Ejecutivo a las decisiones del CGPJ al tiempo que ha apelado a que se respete la presunción de inocencia de Garzón. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 'número dos' del Ejecutivo ha recalcado que el Gobierno, "como siempre", respeta la decisión del Poder Judicial de la misma forma que se debe respetar la presunción de inocencia del juez porque -ha recordado- "el procedimiento no ha concluido".

La vicepresidenta ha insistido una vez más en que la posición del Ejecutivo es el respeto al CGPJ, al Tribunal Supremo, "a los jueces, sus tiempos, sus procedimientos y sus decisiones".