Una veintena de depuradoras de la provincia incumple la ley

La depuración de residuos no ha debido de formar nunca parte de las prioridades políticas, a juzgar por el tiempo que se ha tardado en construir las instalaciones pendientes y las pocas mejoras que se han hecho a las que ya están en uso. Algunas son de principios de los noventa, otras no ofrecen todos los tratamientos y las hay que ni siquiera se han llegado a levantar.

Y no es que el servicio no cuente con una regulación, dos reales decretos de 1995 y 1996 recogen los requisitos que han de reunir las estaciones y los parámetros que deben marcar sus analíticas. Y en lo que toca a Cádiz, 22 de las 49 instaladas no resultan aptas. Esa valoración no es por el exceso de celo de las organizaciones verdes, es que directamente no cumplen la ley.

Sus niveles se sitúan por encima de los permitidos, como muestran los datos que la Consejería de Medio Ambiente –que es la que tiene las competencias– ha remitido a Ecologistas en Acción.

Por primera vez se ha podido hacer una gran puesta en común con la situación de todas las provincias, pues hasta el momento sólo algunas delegaciones de la administración las habían facilitado, explica Daniel López Marijuán, miembro de Ecologistas en Acción en Cádiz. En su caso, dice haber encontrado siempre buena predisposición para acceder a esos datos, a pesar del feo panorama que describen. «Nuestra situación no es catastrófica gracias al enorme océano que nos acompaña. De no ser así, estaríamos en alarma sanitaria», dice. Este portavoz de la asociación verde menciona casos tan sangrantes como el de Tarifa, con casi 18.000 habitantes y aún sin una depuradora en servicio. La Junta pretende iniciar las pruebas a finales de este año, pero en proyectos de este tipo suele haber retrasos.

La Janda está desatendida

«Siempre decimos que hay un mar que se encarga de quitarnos la porquería, pero no podemos seguir vertiendo residuos a nuestras aguas», considera. Y no es sólo el caso de Tarifa, la instalación de Barbate, que abastece al municipio y a la ELA de Zahara de los Atunes, tampoco da más de sí. La Janda tiene un buen número de estaciones deficientes como la de Benalup , Vejer y la de la urbanización de Roche, en Conil, que continúa vertiendo aguas sucias tras años de escaso mantenimiento por parte de la comunidad de propietarios. Cierra este grupo Paterna de Rivera, que tampoco alcanza los parámetros legales.

También se localizan estaciones que no cumplen con el Real Decreto 509/1996 en buena parte de la Sierra, como muestran los datos de Medio Ambiente que han sido facilitados a Ecologistas. Los municipios señalados son Algodonales, Grazalema, Setenil, Olvera y Ubrique. Y entre las localidades más pobladas, no pasan tampoco el filtro Villamartínni Arcos de la Frontera, para los que se han sacado a licitación proyectos de ampliación aún en trámite.

Pero no se trata sólo de pequeños municipios, El Puerto y Chiclana tampoco depuran bien, agravando su situación cuando llega el verano. Sin la eventualidad de las vacaciones, suman entre ambos 172.269 vecinos para tres instalaciones que no logran abastecerlos con todas las garantías. También los puertorrealeños han pedido la actualización de la suya, una de las más antiguas de España, que registra niveles por encima de los permitidos.

Ya en el Campo de Gibraltar, que ha sido tradicionalmente deficitario en depuradoras, tiene que ponerse al día San Roque, que cuenta con dos instalaciones a medio gas. Ya lo hizo Algeciras hace cuatro años con la construcción de la nueva EDAR, pues hasta ese momento había vertido las aguas fecales al Atlántico.

Excesiva lentitud

Cierra este grupo Sanlúcar, que con 67.308 habitantes censados más los que se suman en verano, no presta el servicio adecuado. Ecologistas en Acción ha denunciado varias veces vertidos que han afectado al Guadalquivir. Para evitar el problema se han hecho algunas mejoras, pero no las suficientes y ya está en marcha un plan par su actualización.

Ángel Barroso, otro de los miembros de Ecologistas en Acción en Cádiz, considera que la mala depuración en la provincia es ya un problema «crónico». Recuerda que hay una directiva europea que todavía no se cumple de 1991, dos reales decretos del 95 y el 96 y varios anuncios de multa para que se hagan las cosas bien. «Tiempo ha habido de ponerse al día, porque Europa llegó a dar diez años para ello, pero ni por esas», dice. Aclara también que el Tribunal Europeo condenó a España en 2011 por el incumplimento de la directiva de depuración en 38 municipios de más de 15.000 habitantes, entre ellos Chipiona, Barbate y Tarifa. Pero lamenta Barroso que «esta multa debió de ser simbólica, porque no ha calado demasiado».