Los acusados en el banquillo al inicio del juicio por el ‘caso uniformes’.
Los acusados en el banquillo al inicio del juicio por el ‘caso uniformes’.
'CASO UNIFORMES'

«Todo Rota sabía que las empresas eran de Lorenzo Sánchez»

La concejal socialista Encarnación Niño, que denunció el ‘caso uniformes’, se ratifica en su denuncia y asegura que el secretario alertó varias veces de la incompatibilidad

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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz reanudaba este lunes el juicio que se sigue contra dos exalcaldes de Rota, Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, el actual regidor de Chipiona Antonio Peña y 17 acusados más por el conocido como ‘caso uniformes’.

Se investiga la supuesta adjudicación irregular desde 2003 a 2010 de vestimentas municipales a una empresa que primero fue de Lorenzo Sánchéz y después de su testaferro, según la Fiscalía y la acusación popular. Un negocio que supuso para estas empresas unos ingresos de 780.000 euros.

La vista se reanudaba con la comparecencia de varios testigos. La primera en tomar la palabra fue la portavoz socialista y concejal Encarnación Niño, la persona que denunció el caso.

La edil se ratificaba en la querella que interpuso en el año 2012. «Tuvimos información de que se estaban comprando uniformes a la empresa de Lorenzo Sánchez», recordó ante el tribunal. Niño aseguró insistentemente que desde que su partido, el PSOE, tuvo sospechas hicieron primero una denuncia públicaa través de los medios y después decidieron llevarlo a pleno pero que «nunca» tuvieron respuesta, por lo que optaron por llevar el asunto al juzgado. Sin embargo para Lorenzo Sánchez, alcalde de Rota de 2003 a 2010, todo respondió a intereses políticos, según afirmó en su declaración la pasada semana donde negó haber cometido cualquier irregularidad.

Trabajadoras de Coanda admiten que aunque cambiaron de empresas siguieron trabajando en las misma sede

Niño insistió en que fueron apercibidos en repetidas ocasiones por el secretario. Así ocurrió por ejemplo en el año 2007 cuando iba a entrar en vigor la nueva la nueva Ley de Contratos en el Sector. El funcionario les alertó a todos de la incompatibilidad sobre que el alcalde fuera contratista del Ayuntamiento. Sin embargo, antes, en 2001, el PA ya había solicitado mediante un escrito información sobre la adjudicación de dichos contratos. Entonces, según Niño, se emitió un informe que también advertía de dicha incompatibilidad no sólo para el regidor sino para cualquier miembro de la Corporación, aunque, aseguró que no fue hasta 2003 cuando tuvieron constancia. Tras la ruptura del pacto entre PSOEy Roteños Unidos, la concejal admitió que se siguieron haciendo contratos con las empresas que supuestamente eran del exregidor porque éste «estaba en la oposición».

Al respecto de su conocimiento sobre las empresas de Sánchez, Niño aseguró que fueron investigadas por el letrado que les llevaba el asunto pero que no llegaron a tener un documento oficial que acreditara dicha propiedad. Sin embargo, dijo, era «vox pópuli» que esas firmas, Cooperativa Coanda, Coanda Costuras, y Epis Rotasur, eran del exalcalde. «Todo Rota lo sabía». Según explicó Lorenzo Sánchez en su declaración, creó la primera de ellas en 1984 donde tuvo plenos poderes hasta que a mediados de los 90 fundó con su mujer, también investigada en esta causa, Epis Rotasur. Con los años, y tras la nueva ley de incompatibilidad entre ser alcalde y empresario, asegura que optó por la política.

A preguntas del abogado del exalcalde roteño, Niño admitió que estuvo en juntas de gobierno en las que se aprobaron algunos de esos contratos y afirmó que veía como cuando se debatía dicha concesión, Sánchez salía, aunque no recordó si de ‘motu propio’ o porque se lo pedía el secretario. El letrado de la defensa cuestionó que a pesar de tener la sospecha de que no se estaba cumpliendo con los márgenes de compatibilidad, no denunciaran a la delegación del Gobierno ni pusieran ningún escrito de reclamación jurídica hasta la querella en 2012.

Mismo trabajo, mismo lugar

Además de la querellante, pasaron por la Sección Cuarta, algunas de las trabajadoras de las empresas supuestamente implicadas. El fiscal y la acusación popular sospechan que la última que se fundó absorbió a las otras dos anteriores y que al frente Sánchez puso a un amigo personal que actuó como testaferro. Así, se explican que pudieran seguir sacando beneficio de las concesiones del Ayuntamiento.

Sobre este asunto, se les cuestionó a las antiguas trabajadoras que prestaron declaración. Según explicaron en su mayoría recibían órdenes de Montemayor Laynez y de Rosario Pacheco, la esposa de Sánchez. Ambas acusadas en la causa. Además, las costureras aseguraron que veían en las oficinas de las citadas empresas además de a ellas, a Antonio Alcedo, Martín Bejarano y Lorenzo Sánchez que eran los que tomaban decisiones y, dependiendo de los casos, les comunicaban las órdenes. Algunas también coincidieron en indicar que a pesar de que se cambiaron de empresa no fueron a trabajar a distinto lugar y siguieron con las misma maquinaria.

La vista por el ‘caso uniformes’ continuará el próximo miércoles con la declaración de nuevos testigos.

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