SUCESOS

El robo de la droga del búnker, un encargo de medio millón de euros por cabeza

LA VOZ accede en primicia a las investigaciones que resolvieron el asalto al depósito de droga de la Subdelegación

Dos de los detenidos acuden al juzgado tras ser detenidos el pasado mes de mayo. A. V.

M. ALMAGRO

Medio millón de euros pudieron embolsarse por realizar el encargo. Pedro P., alias 'Perico', y Jacobo M., las dos personas acusadas y en prisión por entrar supuestamente en el búnker de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz por los 300 kilos de droga pudieron ver sus cuentas engordadas de un día para otro con esa generosa cantidad de dinero. Esa es, de momento, la primera valoración que han hecho los investigadores de este complejo caso cuyos datos económicos siguen mirándose uno a uno con lupa. Sergio I., el otro imputado, pudo cobrar bastante más. Fue el 'conseguidor', «el jefe». Él era la persona que tenía en su mano la infraestructura necesaria para que los 200 kilos de cocaína y los cien de hachís salieran rápido hacia Madrid.

La detención el pasado mes de mayo de los presuntos implicados en este espinoso asunto cerró un ciclo lleno de controversia y polémica que había empezado la noche del 28 de septiembre de 2012. Entonces, y siempre según la investigación, pasados unos minutos de las once, Jacobo M. , madrileño, 38 años, enfiló la calle Granja de San Ildefonso para cometer el 'palo' de su vida. Nada menos que 300 kilos de droga le esperaban en un búnker que, como ya tenían estudiado, de búnker tenía más bien poco.

Su misión al parecer fue la de entrar. Le predecía la fama de butronero pero al final no tuvo que tirar de herramientas desde el exterior. Trepó hasta una ventana sin rejas, se coló y ya desde el interior reventó la puerta para que accediera el resto. Entre ellos, 'Perico' , de Chiclana, 34 años. El transportista. Una de los hombres clave, porque tenía la información del sitio, pero no el principal. Desde julio de 2011 había encadenado varios contratos (altas y bajas) en la empresa de su padre que era una de las que se dedicaba a recoger los estupefacientes decomisados allí almacenados y conducirlos hasta la incineradora. Pero, como se le acusa, parece que él le buscó otra utilidad a la empresa familiar.

Una vez levantado el secreto sumarial , este periódico ha podido acceder a nuevos datos de la investigación que comandó la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Cádiz. Las complicadas pesquisas que realizaron durante meses les llevó a zanjar por fin un tema que escocía de manera especial y cuya resolución no estuvo exenta de una pesada presión para los agentes.

Poco a poco fueron uniendo las piezas de un rompecabezas cuya solución cada vez se ponía más difícil. No se trataba de un 'palo' de unos delincuentes habituales que aprovecharon las clamorosas deficiencias del depósito donde, por si era poco, se guardaba casi la mitad de la droga que se incauta en este país, sino que había mucho más que escarbar. Tras el robo del búnker se escondía todo un entramado, preparado, organizado y dispuesto para que el plan saliera redondo. Con dos organizaciones conectadas entre sí. Una, la que tenía que ejecutar el encargo. Otra, la que distribuiría la mercancía. La primera en Cádiz, la segunda en Madrid.

Plantaciones de marihuana y coches «para reinvertir»

Para mantener en activo una organización delictiva es necesario como en cualquier otro negocio tener dinero para abastecerla. La investigación del robo del búnker de Cádiz destapó además de la supuesta red que se encargó de llevarse la droga del depósito, otro entramado que se había instalado en Madrid. Hasta allí viajaron en diversas ocasiones los agentes de la Policía de Cádiz encargados de la investigación para seguir las pistas a los presuntos implicados. Y allí, en Cadalso de los Vidrios, a unos 80 kilómetros de la capital, se encontraron con una enorme nave donde se estaba cultivando marihuana. Tras poner en marcha un operativo incautaron 2.500 plantas y 65 kilos de marihuana seca. Les servía como «un ingreso extra».

Además se intervinieron numerosos bienes. Como el concesionario, propiedad de Sergio I. con 40 vehículos. Y otros coches que supuestamente utilizaban. Uno de ellos, un potente Range Rover, valorado en más de 100.000 euros y que aparecía como sustraído en Marbella.

También se decomisó numerosa documentación que ya obra en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investiga más a fondo el entramado empresarial que presuntamente se tejió y así poder aportar más datos sobre el delito de blanqueo de capitales.

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