Dos de los acusados cuando acudieron al juicio celebrado en la Audiencia el pasado año.
Dos de los acusados cuando acudieron al juicio celebrado en la Audiencia el pasado año. - A. VÁZQUEZ
TRIBUNALES

Prórroga de prisión para los condenados por alijar droga por esteros de Chiclana

La Audiencia decide que sigan en la cárcel hasta que se dicte la sentencia firme debido a la gravedad de las penas y el riesgo de fuga

Actualizado:

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha emitido un auto por el que prorroga la pena de prisión para todos los procesados a raíz de la denominada 'operación Yupi', once acusados de formar parte de una red de narcos que fueron condenados por esa misma Sala acusados de alijar por esteros de Chiclana. Como se recordará, entre los procesados se encuentra Naoufal Azzouz, quien participó como actor de reparto en la serie de televisión 'El Príncipe'.

El auto se basa en la petición del Ministerio Fiscal que solicitaba la prórroga de la prisión para todos ellos tras la condena impuesta que se encuentra pendiente de ser decretada como firme por el Supremo, dado el riesgo de fuga a la vista de las penas impuestas y el riesgo de reiteración delictiva.

Como se recordará los investigados fueron condenados a penas que van desde los 16 años –para los máximos implicados– a los dos por delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho. A Azzouz se le condenó a siete años y medio de prisión.

Tras meses de intensas investigaciones el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civl de Cádiz lograba desarticular esta red, que estaba «perfectamente estructurada y que se dedicaba a introducir grandes cantidades de droga en la Península procedente de Marruecos, usando como puntos de alijo esteros». En el operativo fueron detenidas una decena de personas y se incautaron casi cuatro toneladas de hachís, además de armas y numerosos coches, barcos y efectos.

La operación

Tal y como reproduce la sentencia fue en noviembre de 2014 cuando los agentes del EDOA tuvieron constancia de que un grupo de personas podía estar preparando un gran alijo. Iban a usar embarcaciones de recreo y entrar por el estero Santa Catalina de Chiclana, que era regentado por algunos de los miembros de la familia Montero, conocida como los 'Jala Jala' (un padre y sus dos hijos). Después de varios meses de investigación y al conseguir las evidencias suficientes de que se estaba preparando la infraestructura para llevar a cabo el plan, en septiembre de 2015 se reabrió la causa.

Estas pesquisas apuntaba a Diego Ponce como el cabecilla. Con domicilio en Marbella se desplazaba supuestamente por varias localidades de Cádiz, entre ellas Chiclana, para captar al resto de integrantes y ordenar las funciones que tenían que desempeñar en el alijo. Se da la circunstancia que este individuo había sido ya detenido en la 'operación Estiba', por delitos de tráfico de drogas y blanqueo. Otro de los acusados también era un viejo conocido de aquella operación. Para lograr su objetivo, Ponce intentó conseguir la colaboración de un guardia civil. Llegó a ofrecerle entre 50.000 y 80.000 euros a cambio de que les ayudara a que el barco entrara sin ser interceptado. Sin embargo, este agente no sucumbió a su ofrecimiento y se puso en marcha la 'operación Yupi' que terminó por llevarlos a todos a prisión.

El agente, siguiendo las pautas judiciales y policiales marcadas, hizo creer al supuesto líder de la banda que iba a ayudarle en la actividad ilícita. Así conoció el plan y las personas que estaban implicadas.

Según el fallo, las personas que colaboraron en la ejecución del delito, junto a Diego Ponce, fueron 'Los Jala jala' «quien aparentaba tener arrendado (en precario) el estero Santa Catalina, en Chiclana, aunque la verdadera finalidad era la de ser usado como punto de alijo de la droga, siendo estos acusados quienes, bajo la supervisión y dirección de Ponce, que les retribuía por ello, llevaban a cabo funciones de vigilancia y acondicionamiento del terreno, botadura y depósito de las embarcaciones, guarda de los efectos necesarios para el buen resultado de la actividad ilícita», dice la sentencia.

A mediados del mes de diciembre, acondicionaron el estero con una rampa desde la que descargarían la embarcación hasta el mar, recibieron y custodiaron dicha lancha, guardada en el interior de un camión contenedor y que trasladó hasta el estero. «Los tres acusados ayudaron en esas tareas y permanecieron en el estero la noche del alijo, llevando a cabo funciones de vigilancia en la zona y colaboración en la botadura de la embarcación». La Audiencia condena a los 'Jala jala' entre nueve y siete años de cárcel.

La primera intensificación de las vigilancias desembocó en el hallazgo de una 'guardería' de droga en un chalé de Chiclana. Tras registrar la finca se detuvo al 'guardador' y se incautaron 68 fardos, 2.040 kilos de hachís. Así, tirando del hilo, los investigadores comenzaron a descubrir que estaban ante una organización criminal, asentada en la localidad, «que tenía buenos contactos para rematar con éxito alijos importantes». Descubrieron que al frente estaba Diego Ponce. Era quien supuestamente buscaba proveedores, embarcación y punto de alijo, además de aportar el dinero necesario. Contaba para ello con su 'lugarteniente', Juan Manuel R. C., (condenado a siete años y medio) quien se sospecha que era el coordinador con la parte marroquí proveedora del hachís y participaba en la toma de decisiones. Además, otro miembro era Francisco Javier E., socio de Ponce, con el que tenía relaciones delictivas desde 2014 y que ha sido condenado a dos años de cárcel por salud pública.

La madrugada del 4 de abril un amplio dispositivo de tierra y tres embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial fueron a por ellos. Cuando ya los tenían localizados y al darles el aviso en una zona de caños entre Chiclana y San Fernando los tripulantes de la embarcación comenzaron una peligrosa huída, en la que, incluso no dudaron en embestir a una de las patrulleras. Aún así lograron reducir a todos. El barco llevaba en su interior 72 fardos que arrojaron 2.160 kilos de peso.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.