CÁDIZ

El pago a proveedores acorta distancias, pero la demora aún supera los tres meses

El Ayuntamiento de Cádiz sigue entre los seis más morosos de la provincia con 106 días de media de retraso a la hora de liquidar deudas con las empresas

El pago a proveedores es una de las asignaturas pendientes del consistorio gaditano. El equipo de Gobierno no ha cumplido aún con la ley de Morosidad, que obliga a las administraciones públicas zanjar sus deudas en un plazo máximo de 30 días. La concejalía de Hacienda, que gestiona David Navarro, ha rebajado el tiempo de demora, pero todavía tarda más de tres meses en liquidar una factura.

Esta situación le llevó en enero del año pasado a firmar con dos bancos (Unicaja y BBVA) un crédito por valor de 12,5 millones de euros. Dicha operación de tesorería le permitió contar con liquidez y afrontar así los pagos más urgentes. De hecho, destinó 7,5 millones de euros a saldar cuentas con los proveedores. Los datos que maneja la Asociación de Autónomos reflejan como el tiempo de demora que gasta la administración local gaditana en pagar sus deudas ha pasado de 152 días en 2015 a 106 a finales de 2016.

El presidente de los autónomos españoles, el jerezano Lorenzo Amor, advierte una cierta mejoría en la relación entre el Ayuntamiento y sus proveedores, pero reconoce que no se puede bajar la guardia. Los autónomos recuerdan que al tiempo de demora que figura en la base de datos del Ministerio de Hacienda es ficticio. No es real. A la demora que computa Hacienda se debe sumar también 30 días más, es decir, el plazo que discurre desde que se emite la factura hasta que toma asiento por parte del servicio municipal correspondiente, lo que significa que la demora en el Ayuntamiento de Cádiz estaría en 136 días de media.

Los empresarios echan de menos una mayor actividad inversora en obra y mantenimiento
La tardanza en el pago a proveedores por parte de las administraciones públicas puso al límite a los empresarios. Este periódico ha podido saber que la deuda a proveedores ha pasado por varias fases. Así, de los 44 millones de euros iniciales de 2015 se ha llegado ahora a 23 millones.

Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Cádiz en materia de deuda han tranquilizado a sus proveedores, sin embargo, queda abierto el debate de la inversión. Los empresarios echan de menos una mayor actividad inversora, por ejemplo, en vía pública que genere, por un lado, empleo y, por otro, un mayor movimiento económico. Se trata de uno de los reproches más sonados hacia el Gobierno municipal que preside José María González ‘Kichi’ por parte del pequeño empresario.

El Ayuntamiento de Cádiz se vio obligado en noviembre de 2016 a realizar una modificación presupuestaria para corregir algunos desajustes de las cuentas. Esta operación tuvo que ser debatida en un Pleno extraordinario, que sirvió para habilitar una partida de gasto por importe de 1.516.511 euros en asuntos sociales, vivienda y empleo. Sin embargo, las partidas para gasto en mantenimiento y obra pública brillan por su ausencia.

Aquella modificación del presupuesto sirvió al Gobierno local para destinar 829.257,97 euros al área de Asuntos Sociales con el propósito de sufragar ayudas de emergencia social y recibos de luz y de agua de los vecinos de la ciudad. Otra cuantía de 340.000 euros fueron a Procasa, con objeto de optimizar los recursos y solventar en la medida de lo posible el problema que existe en Cádiz con la vivienda. Asimismo, al Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) recibió una partida de 76.578,50 euros para continuar invirtiendo en empleo con el fin  de paliar la lacra del desempleo. Por su parte, la Fundación Municipal de Cultura, que gestiona diversos espacios culturales que precisan mejoras, recibió 95.902,30 euros para realizar actuaciones urgentes de mantenimiento en el patio del ECCO, el cuerpo de guardia del Baluarte de la Candelaria y las instalaciones eléctricas de dicho equipamiento, mientras que 174.491,43 euros fueron para la delegación de Medio Ambiente.

Esta modificación no estuvo exenta de polémica. La oposición acusó al Gobierno local de «improvisación» y de «incapacidad de gestión», y asimismo los tres grupos destacaron que esta segunda modificación presupuestaria estuvo motivada por el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que aseguró que el Gobierno municipal había reducido en un 20% el gasto en ayudas y planes sociales.

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