Paco Puche, durante una entrevista en televisión
Paco Puche, durante una entrevista en televisión - L. V.
ENTREVISTA

Paco Puche: «La lucha contra el amianto en toda Andalucía depende del colegio Reggio»

Una de las voces más autorizadas en este país en el tema de los asbestos advierte de que toda la comunidad autónoma está pendiente de lo que suceda este otoño en Cádiz

CÁDIZActualizado:

A la Administración andaluza le ha salido un callo en Cádiz, una dureza que por presión y roce se ha producido entre la Junta y las familias del colegio Reggio de Puerto Real. En este centro se han encontrado con un grupo de padres comprometidos y beligerantes por la salud de sus hijos, en lucha contra los efectos dañinos, totalmente demostrados, del amianto.

Ya durante el curso pasado, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del CEIP Reggio plantó cara la delegación provincial de Educación para exigir que les cambiasen las viejas cubiertas de uralita del centro educativo. Tras maniobras, reuniones y publicaciones en medios de comunicación, el último paso lo dio hace unos días la Junta de Andalucía, retirando «de forma muy precipitada» dos de los techos afectados; del porche y de la casa del conserje. Pero los padres exigen que se retire la cubierta entera. Les respaldan informes técnicos especializados, a los que ha tenido acceso este periódico, que lo aconsejan clara y rotundamente.

Una de las voces con mayor prestigio en España sobre los daños que ocasiona el amianto en la salud es la del veterano ingeniero, economista y librero malagueño, Francisco Puche. Atiende cualquier llamada que reciba para solicitar información sobre los riesgos de contraer cáncer que conlleva vivir en contacto con este material, utilizado en el caso de la construcción como fibrocemento y más conocido entre la población como uralita (marca comercial que lo popularizó en España).

Puche asegura que la amenaza del amianto como causa directa de cáncer y otras enfermedades graves es suficiente y objetiva. «Ahora se ha vuelto también subjetiva gracias a que los padres se han concienzado del peligro que supone para los niños estar expuestos durante doce años y durante más de cinco horas al día a este componente, del que no hay una dosis mínima que ofrezca seguridad», apunta.

Pero va más allá. Subraya el papel que ha desempeñado y sigue haciéndolo el Reggio en esta lucha, al ser el primer centro de todo el país que se ha negado a llevar a los alumnos a la escuela hasta que no se solucione el problema.

El activista malagueño reitera que de lo que suceda con el Reggio dependerán las próximas actuaciones de la Junta de Andalucía en el resto de la comunidad autónoma. Y apunta que por esto mismo, los padres y madres de Puerto Real están recibiendo presiones de todo tipo, aludiendo como ejemplo a la tibia postura adoptada por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien incidió en el derecho de los menores a recibir educación, «como si esto fuese incompatible con el derecho a la salud».

Vaticina que también serán fuertes las interferencias desde la política local, desde otras asociaciones, o de la propia Delegación de Educación, «que intenta amortiguar el golpe en los presupuestos de la Junta». Pero Puche lo simplifica todo:«No hay que alarmar pero sí que poner remedios, sin acallar por más tiempo el problema. Hay que seguir lo que marca la Ley en el decreto de 2006: Realizar un inventario serio de los colegios afectados e iniciar un plan de desmantelamiento de amianto, priorizando lo más urgente. El problema es grave, pero está localizado y es abarcable».

Ritmos de palacio

Puche reconoce que la Junta de Andalucía está respondiendo bastante rápido para los tiempos en los que se suelen mover las administraciones pero pide un mayor compromiso y más planificación. Es más, propone que la comunidad autónoma tome el caso del Reggio de Puerto Real como bandera y ‘venda’ las actuaciones que realicen en él como proyecto político propio para todo el país. Asegura que es normal y obvio que la Junta niegue en público el peligro para la salud de los pequeños, pero subraya que saben que los padres tienen razón, «de ahí que sacaran la orden del 10 de julio, cuando nadie esperaba una reacción en verano. Tienen que actuar y entre todos debemos conseguir que se haga bien. Estamos salvando vidas».