«Fue a matarlo, a la yugular»

Es la tercera vez que agreden al funcionario que el pasado jueves tuvo que ser atendido de urgencia después de que un interno muy peligroso se le abalanzara y le clavara una pletina de hierro a escasos centímetros de la yugular. Con anterioridad, este empleado, uno de los encargados del departamento especial de gran valía y que toma todo tipo de precauciones, había sufrido dos percances, aunque nunca con tal riesgo de muerte. Y no fue el único afectado. Fabrisio Joao Silva Ribeiro, 31 años, natural de Guinea Bissau y vecino de Madrid, atacó a los seis funcionarios que fueron a reducirlo cuando se revolvió, hiriendo a cinco de ellos.

El suceso ocurrió sobre las 9.30 de la mañana cuando los funcionarios se disponían a sacar al patio a este interno.

El preso no dio signos de violencia hasta que de manera sorpresiva se abalanzó sobre ellos. Sus 120 kilos de peso y 1,90 metros de altura y su gran agresividad pudo causar «una verdadera desgracia» si no se le hubieran aplicado medidas excepcionales, lo que pudo salvarles la vida. Aún así cinco funcionarios están de baja desde entonces por un corte en el cuello y un esguince cervical, el más afectado, además de otro de ellos con golpes en el pómulo y en la nariz, un tercero con puntos en un brazo; un cuarto, que lleva aparato de dientes, al que le desplazó del puñetazo varias piezas y le rompió una muela y el quinto, con una lesión de menisco por intentar cerrarle la salida hacia el módulo.

El historial delictivo de este interno, al que conocen como ‘el cuatro por cuatro’, es contundente. Sobre él pesan actualmente dos condenas. Una de 22 años por asesinar a una chica de 25 puñaladas en 2005, y otra de 17 años, por matar a patadas a otro preso cuando se encontraba en la prisión de Alcolea, Córdoba, en 2014.

Así, y ante esta nueva agresión, los cuatros sindicatos con representación en Puerto III –Acaip, APFP, CSIF y UGT– han decidido unir sus fuerzas y solicitar juntos que se tomen medidas «de manera urgente y definitiva». Según advierten en la prisión de Puerto III se encuentran 15 de los 50 presos más peligrosos de toda España.

Con previo aviso

«No hay ningún funcionario de prisiones muerto sencillamente por suerte», lamentan en el comunicado emitido de manera conjunta. Según denuncian, la dirección «no tomó ninguna medida y descargó toda la responsabilidad en sus superiores jerárquicos» cuando se le advirtió de que «de un momento a otro iba a ocurrir un incidente de extrema gravedad» con el preso en cuestión.

Por ello solicitan la «inmediata destitución» del actual director, a quien reprochan que no tomara «ninguna medida» tras informarle de la situación de los funcionarios por la «excesiva y alarmante concentración de internos muy peligrosos y conflictivos, muchos de ellos con patologías psiquiátricas». Además recuerdan el suceso también ocurrido recientemente cuando otro interno amenazó de muerte e intentó agredir a una médico y una auxiliar en la enfermería.

De esta forma, los sindicatos señalan al director del centro como «responsable directo» de la agresión a los funcionarios por su «pasividad, incompetencia, desidia e inoperancia», toda vez que «ni tan si quiera tomó medida preventiva alguna que pudiera haber evitado o minimizado la agresión sufrida después de la reunión», insisten. Como advierten, el episodio vivido el pasado día 21 con este preso podría repetirse sin problemas. Fabrisio Joao fue trasladado este lunes a otra prisión de Galicia pero quedan otros. Por ello exigen a la clase política que velen para que les doten de «los medios necesarios» para salvaguardar su integridad en el ejercicio legítimo de la profesión. «De los 63.000 internos que hay en España, 50 de ellos son tremendamente peligrosos, muy violentos y agresivos, y 15 de ellos se encuentran en Puerto III», alertan.

«Asesinar les sale gratis»

Además los funcionarios de prisiones creen que es urgente tomar alguna medida que les dé más seguridad ya que, según lamentan, cuando se trata de este tipo de presos con condenas ya tan altas «cualquier asesinato más les sale gratis». Por ello, exigen a los responsables políticos que «dejen de mirar para otro lado antes de que ocurra una desgracia».

Por otro lado, y para que la opinión pública conozca lo que está ocurriendo, exigen la «difusión inmediata» de la grabación de este último incidente. Según explican las imágenes las tomaron las cámaras de videovigilancia y están en poder del secretario general de Instituciones Penitenciarias y del director de la cárcel, a quienes piden «un gesto de decencia» para que el vídeo «no sea ocultado».

Por último, explican que a pesar de que saben que se exponen a riesgos inherentes de su profesión, no están dispuestos a «soportar aquellos que se prevén». «No queremos medallas, queremos seguridad y que no nos asesinen en nuestro puesto de trabajo».