Los expedientes se acumulan en las estanterías, las mesas, las sillas en San José.
Los expedientes se acumulan en las estanterías, las mesas, las sillas en San José.
REPORTAJE

Los juzgados de Cádiz, desbordados

La falta de medios personales y materiales, la sobrecarga y las carencias de las sedes, asfixia a los profesionales judiciales

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Hace unas semanas jueces y fiscales de la provincia salían a la calle para alzar la voz. Todas las asociaciones que los representan se unían por primera vez para protestar ante la ciudadanía por unas reclamaciones y deficiencias que llevan años sufriendo. Dicen sentirse «abandonados» porque no ven que se pongan soluciones a sus demandas que se centran en dar un mejor servicio del sistema judicial. Pero además, estos profesionales lamentan que mientras estas carencias se perpetúan y enquistan, el ritmo de trabajo que deben cumplir no sólo no disminuye sino que cada vez va a más. La queja es clara. Está comunicada. Se conoce. Se habla en los foros donde se tiene que poner remedio pero… ahí sigue.

Son varios los asuntos que creen que tienen que cambiar para que el ciudadano pueda recibir de verdad la justicia que se merece. Y para que ellos puedan trabajar de la manera más eficiente y racional posible. La labor que desarrollan así se lo exige. Tal y como lo manda la ley. Aquí no se pueden pasar los plazos, ni se pueden equivocar datos, todo debe funcionar milimétricamente cuando lo que está en juego son temas tan comprometidos que se dirimen en una sala de vistas. Por un lado, el usuario busca justicia, por otro, quien la imparte se debe ajustar de lleno a ese compromiso. Y por eso exigen más recursos.

En cuanto a los medios materiales, las quejas se centran sobre todo en el sistema informático. Según fuentes consultadas, las herramientas tecnológicas que usan «son insuficientes y no funcionan bien». El sistema de gestión procesal Lexnet que se les instaló con el propósito de agilizar los trámites entre los diferentes operadores jurídicos se cae a menudo lo que supone que por ejemplo los abogados en algunas ocasiones no puedan presentar sus escritos y que cuando se reinicia, éstos lleguen en avalancha a los juzgados. El expediente digital arrancó en enero de 2017. Sin embargo los jueces tienen que seguir trabajando con otros en papel de pleitos anteriores a esa fecha, lo que supone una dificultad añadida para controlar un mismo asunto cuya información se encuentra en dos soportes diferentes. «Hacienda funciona perfectamente pero aquí tenemos que andar siempre dando parte de incidencias. El sistema no funciona bien», lamentan.

«Hacienda funciona perfectamente pero aquí siempre tenemos que estar dando parte de incidencias»

Otra de las carencias que también tiene sus efectos en Cádiz en la falta de medios personales. Así lo denuncian jueces y fiscales. Según aseguran, actualmente aquí se está tardando una media de tres meses en cubrir la baja de un funcionario. La Junta se ha comprometido en acortar ese plazo de reposición pero de momento no se ha solucionado. Las bajas de jueces es otro escollo importante. El Consejo no pone sustitutos externos a no ser que esa baja esté programada con bastante anterioridad y se justifique.Entonces se tramita, lo que tarda un tiempo. Pero normalmente la necesidad es más inmediata por problemas personales o de salud. Entonces, son los propios jueces los que tienen que asumir el trabajo del compañero sin dejar de hacer el suyo propio. Se encargan por tanto del funcionamiento de dos juzgados para no tener que suspender los juicios pendientes, lo que supone una sobrecarga sobre su responsabilidad directa.

Fiscales para todo y en todo

Este problema se repite entre los fiscales. Aunque muchos de ellos están especializados en materias concretas también tienen que celebrar y llevar los asuntos que vayan entrando, sea de penal, contencioso, mercantil… que además se celebran por toda la provincia. De ahí que pidan una plantilla mayor para poder cubrir tal demanda. Actualmente se están convocando para toda España cien plazas anuales, 65 de jueces y 35 para fiscales. Unas cinco mil personas se presentan a estas oposiciones al año.

Otro de estos reclamos perpetuos se refiere a las infraestructuras judiciales con las que cuenta Cádiz. En el caso de la capital los problemas vienen por el estado de algunas de estas sedes, como los juzgados de San José donde se soportan graves deficiencias que obligaron incluso a cerrar sus sótanos. Hace una semana se tuvo que clausurar también una sala de vistas por riesgo de derrumbe del techo. Se arregló pero quedan pendientes otras tres que también tienen deficiencias.

En los juzgados de San José se ha tenido que cerrar una sala de vistas por peligro de derrumbe del techo

En este lugar los expedientes se acumulan por todos lados: estanterías repletas vencidas, mesas, sillas, esquinas, cualquier hueco es bueno para abarrotarlo de papel. Porque aunque ya se trabaje mediante medios digitales, hay documentos y copias que se tienen que seguir gestionando por escrito debido a que la otra parte no tiene los sistemas de comunicación on line que se manejan en los juzgados. También se conservan miles de escritos que son anteriores a la puesta en marcha de la digitalización y cuyos procedimientos están en trámite o a la espera. Es tal la carga de peso que existe que en algunas zonas se ha alertado de que no se acumule más porque no existe un muro de carga que pueda soportarlo.

La accesibilidad y la funcionalidad de estas sedes es otro de los asuntos pendientes. Al igual que la dispersión, que «marea» a ciudadanos y profesionales. La Junta tiene previsto atajar estos problemas con la construcción de la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de Tabacalera. La consejera de Justicia en su última visita aseguró que la licitación de obra se firmará antes de que acabe este año. Pero de momento, tras más de una década esperando, ese compromiso se percibe dentro de este colectivo como un futurible que «no termina de concretarse». El hecho de que no se haya fijado un presupuesto ha acrecentado esas dudas.

La seguridad de los juzgados es otro asunto que preocupa. Según manifiestan las fuentes consultadas, los efectivos de la Guardia Civil que se encargan de estas funciones no siempre son suficientes. Y lamentan que por ejemplo en las instalaciones judiciales de Carranza no haya un escáner en su acceso y que solo se disponga de un arco de detección. También se critica que algunos juzgados no cumplan con la ley de prevención de incendios, «cuando en cualquier otra empresa es lo primero».

Juzgado de lo Social, dos años de pendencia

La carga de trabajo ahoga también a algunas especialidades. Actualmente el retraso en los señalamientos afecta sobretodo al Juzgado de lo Social. La pendencia en este caso es de dos años desbancando así del primer puesto a Mercantil que debido a la avalancha de concursos de acreedores que hubo tras la crisis, sumado a los pleitos por cláusulas suelo, disparó sus números de asuntos que resolver. Ahora con la creación del juzgado bis y, posteriormente, del número 2 especializado en estos asuntos, se ha descargado aunque sigue asumiendo los anteriores a a esta medida.

«En cualquier momento puede haber otro caso Mariluz porque no hay quien controle la ejecutoria»

La avalancha de los pleitos por cláusulas es otro de los asuntos que ha desbordado a estos profesionales. Desde junio a diciembre en el juzgado bis (que primero asumió estas causas) se registraron hasta 5.000 demandas. Desde que tomó el relevo el número 2, ha recibido otros dos mil asuntos más de esta materia. Y ha tenido además un efecto rebote. Los pleitos que se tramitaban en el 2 ahora se reparten en los otros cuatro por lo que la carga de éstos ha aumentado también por este motivo.

En los juzgados de lo Penal, el problema se repite y preocupa especialmente sobretodo en aquellos temas que son más delicados. «En cualquier momento puede haber otro caso Mariluz porque no hay quien controle la ejecutoria», advierten. El asesino de la niña de Huelva, Santiago del Valle, resultó ser un agresor sexual con una condena pendiente por la que debía haber estado en prisión, sin embargo no se había materializado porque un juzgado de Sevilla tenía la sentencia junto a varios cientos más y no emitió la ejecutoria. «En medio de la alarma social que aquello creó se dijo que se solucionaría pero no ha cambiado nada». En Cádiz los casos se acumulan sin pausa. Actualmente en lo Penal se está señalando de doce a dieciocho meses de media. «Llevar así una regularidad es imposible».