REPORTAJE

La Justicia y los exalcaldes

Pedro Pacheco, Hernán Díaz, Pilar Sánchez, Eva Corrales, Lorenzo Sánchez... del bastón de mando a protagonizar sentencias

En los últimos años la provincia ha visto como varios de sus exregidores han tenido que rendir cuentas ante un juez que les ha condenado

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Esta misma semana tres exalcaldes, tres, protagonizaban titulares de noticias relacionadas con su situación judicial. Nada sobre la historia que dejaron en sus municipios. Nada sobre los proyectos que abanderaron o las decisiones que tomaron. Tres antiguos regidores que además han sido muy populares y que llevaron el bastón de mando de sus ciudades durante muchos años. Veteranos de la política que han tenido que pasar por la Audiencia para rendir cuentas y que tienen pendientes nuevas visitas para rendir otras. Se trata de Pedro Pacheco, Hernán Díaz y Lorenzo Sánchez. Pero hay más exregidores que han sido seguidos por las crónicas judiciales. En los últimos años varios municipios de la provincia de Cádiz han visto como sus exalcaldes se han visto en apuros y han sido condenados por diferentes motivos. Además de los ya nombrados hay más: Pilar Sánchez, Eva Corrales, o Pedro Ruiz... entre otros.

Quizá uno de los casos más tratados por los medios debido a las graves consecuencias que tuvieron para el procesado fue el de Pedro Pacheco. El que fuera alcalde de Jerez cumple ahora mismo condena por el 'caso asesores' en la prisión de Puerto III. Esta semana la Junta de Tratamiento de ese centro penitenciario elevaba a Instituciones Penitenciarias su visto bueno para que al exlider andalucista se le conceda el tercer grado. Pacheco lleva en prisión desde el 24 de octubre de 2014. Ingresó por una condena de cinco años y medio por ‘enchufismo’ pero desde entonces ha tenido que ponerse ante un tribunal en varias ocasiones y ha recibido otros castigos penales.

Así hasta acumular 8 años y diez meses por asuntos como el de la 'casa del Rocío' (año y diez meses más), donde regaló unas obras a la hermandad a costa del erario público, y por el asunto de la vieja estación de autobuses, cuando se le condenó por fraude al entender que había concertado con unos empresarios amigos la compraventa de ese solar en perjuicio de la Administración. Sin embargo, esta última pena ha sido suspendida recientemente por la misma Sala que le condenó por lo que le han disminuido el tiempo que estará privado de libertad. La Fiscalía se ha opuesto a esta suspensión por varios motivos, entre ellos la continuidad delictiva del procesado al que le quedan causas abiertas. En junio de este año tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso ‘Huertos de Ocio’, por el que el fiscal solicita que se le castigue con cinco años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude a la administración pública y estafa.

Las decisiones 'a dedo'

Otro de los veteranos que ha hecho varias visitas a los juzgados es Hernán Díaz, exalcalde de El Puerto. El 'alma mater' de Independientes Portuenses (IP) y regidor de la localidad durante 16 años se ha visto envuelto en numerosos líos judiciales: El derribo de la Casa de las Cadenas, Pinar de Coig, o el 'caso Fuentes'. Este último fue el que lo inhabilitó y lo sacó del entonces edificio consistorial de la Plaza del Polvorista. Se le condenó por asignar 'a dedo' un mando policial.

También han sido habituales sus declaraciones ante un juez por asuntos relacionados con las viviendas ilegales, un quebradero de cabeza que también sembró sobre su gestión muchas dudas. Entre ellas las que se investigan en el procedimiento de la ‘operación Tequila’, la causa que le ha llevado a volver a tener que dar explicaciones. Las pesquisas realizadas en torno a la Tequila destapó otro presunto delito de blanqueo del que ahora se le acusa. El Ministerio Público pide para Hernán Díaz seis años de prisión al considerar que se enriqueció durante años de manera ilícita. En este asunto el exregidor está procesado junto a miembros de su familia y también junto al exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, el antiguo arquitecto municipal y la pareja de éste. El juicio se celebrará a finales de junio en la Audiencia Provincial.

Rota ha sido otra de las localidades donde los responsables de su gestión dejaron este sendero de problemas con la Justicia. Lorenzo Sánchez (RRUU) y Eva Corrales (PP) han sido condenados. La Audiencia Provincial señaló en noviembre de 2016 como principal cabecilla de una trama a Sánchez por el ‘caso uniformes’ y le impuso un año y medio de cárcel y 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Lo consideró autor de un delito continuado de prevaricación y de otro continuado de negociaciones prohibidas. Según el fallo, ratificado por el Supremo, durante su mandato el Ayuntamiento roteño benefició, mediante «adjudicaciones absolutamente ilegales», a empresas en las que él y otros miembros de la Corporación tenían intereses. Dichas empresas eran la sociedad cooperativa Coanda –dedicada a la confección de vestuario laboral–, la distribuidora Epis Rotasur y Coanda Costuras, supuesta empresa pantalla que vino a sustituir a las dos anteriores para burlar la prohibición de contratar con el Ayuntamiento al endurecerse las condiciones con la entrada en vigor el 30 de abril de 2008 de la Ley de contratación del sector público. Lorenzo Sánchez tuvo que abandonar la vida política por esta sentencia al ser inhabilitado cuando estaba de concejal.

Además tiene otro procedimiento pendiente bastante serio, el de los convenios urbanísticos, por el que la Fiscalía le pide cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo. Le acusa de haber adjudicado de manera arbitraria diversas obras públicas a un empresario local a cambio de que éste comprase materiales de construcción y equipos de protección a sus empresas. El Ministerio Público en su escrito de acusación calcula que le pudo suponer un beneficio aproximado de medio millón de euros entre 2007 y 2011. Además de este caso, Sánchez tiene en su agenda otro más que está actualmente en tramitación y que investiga una presunta irregularidad en la adjudicación de la construcción de un párking.

Eva Corrales sigue a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre su indulto

El exalcalde de Rota de nuevo volverá a sentarse en el banquillo con Eva Corrales, quien también está implicada en el asunto de los convenios urbanísticos porque ella era concejal de Patrimonio a fecha de los hechos. Anticorrupción solicita para Corrales 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Como se recordará la que también fuera regidora de Rota por el PP está pendiente de una solicitud de indulto después de que fuera condenada a cuatro años y medio por el ‘caso horas extras’, por adjudicar de manera irregular contratos de suministro a un funcionario del Ayuntamiento entre 2004 y 2010 para que hiciera los bordados para las damas y ninfas de las fiestas de la localidad. De momento, el Consejo de Ministros, que es quien toma esta decisión, no ha resuelto a pesar de que se solicitó tras la sentencia condenatoria hace más de un año, en octubre de 2016. La Audiencia, la misma Sala que le condenó, ha emitido un informe favorable para que se le conceda dicha medida de gracia. De hecho, se le ha permitido seguir en libertad mientras que el Gobierno resuelve.

El caso de Pilar Sánchez también ha sido de los que más polvareda mediática ha levantado. La exalcaldesa de Jerez tuvo que pagar con prisión. Sánchez ingresó en la cárcel de Alcalá de Guadaira el 1 de octubre de 2015 por el 'caso PTA'. En septiembre del pasado año obtenía el tercer grado penitenciario tras cumplir más de la tercera parte de la condena de cuatro años y medio. La que fuera alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011 y socia de Gobierno de, a la postre de su ‘enemigo íntimo’ Pedro Pacheco, fue condenada por los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación en relación a la concesión de una subvención de más de 200.000 euros a una empresa para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de Jerez. El fallo consideró probado que cuando se tramitó esta ayuda municipal, en 2007, la exregidora socialista le pidió al técnico de puntuar a la empresa que la tratara con «cariño».

Jerez ha tenido a dos de sus antiguos alcaldes en prisión. Pilar Sánchez ya tiene el tercer grado y Pacheco podría lograrlo

Líos en la Sierra

La Sierra gaditana también ha tenido que estar bajo la sombra del delito en varios de sus municipios. Es el caso por ejemplo de Puerto Serrano. El que fuera alcalde durante más de dos décadas, Pedro Ruiz (IU) fue condenado en 2015 a un año y nueve meses de prisión como autor de delitos de prevaricación continuada y gestión interesada por contratar de manera irregular con la floristería de su mujer los encargos de exornos para el municipio. Las facturas de las flores ascendieron a más de 25.000 euros entre 2007 y 2011. «Las adjudicaciones supusieron un flagrante incumplimiento de la normativa administrativa», consideró el tribunal.

En este asunto también estuvo implicado el que fue también alcalde del municipio Francisco Javier Gómez. Además en noviembre de 2016 Pedro Ruiz aceptó por conformidad la pena de otros cuatro años más de inhabilitación por un caso de «enchufismo» continuado en el Ayuntamiento polichero desde 2006. Anticorrupción acusaba a Ruiz Peralta de pagar con fondos municipales las nóminas mensuales a familiares de concejales y cargos del Consistorio sin que éstos fueran funcionarios de la administración local.

Su último paso por los juzgados se debió a la acusación que sobre él pesaba por supuestos amaños en unas oposiciones a Policía Local para beneficiar a su yerno y a otro tercero. Sin embargo la Audiencia le absolvió de esta causa.

También en los últimos meses otro alcalde serrano ha tenido que ponerse delante de un tribunal. Ha sido el que fuera alcalde socialista de Prado del Rey desde 1999 hasta 2011, Fernando Pérez Castillo que fue condenado en sentencia de conformidad por la Audiencia Provincial de Cádiz a un año y siete meses de prisión y a 15 años y medio de inhabilitación por, según resolvió la Sección Octava, adjudicar el mantenimiento de la red wifi municipal 'a dedo' y falsear facturas para justificar una subvención. La Audiencia acordó la suspensión de la pena de cárcel.

Pero estos no son los únicos nombres de políticos que han llenado crónicas judiciales. Hay más asuntos. Y otros que continúan en trámite. La mayoría se refieren a prevaricaciones, un delito que no está penado con cárcel pero sí con la inhabilitación de cargo público. Las investigaciones continúan y algunos tendrán que dar explicaciones al juez.