ECONOMÍA

«Se dispara el pago a proveedores en Diputación porque encontramos dos cajas de facturas sin pagar»

El diputado socialista Jesús Solís explica que llevan casi un año intentado solucionar un problema generado por el anerior equipo de gobierno

CÁDIZActualizado:

El responsable del área de Servicios Económicos de la Diputación de Cádiz, Jesús Solís, asegura que el periodo medio de pago a proveedores de bienes y servicios «se ha disparado en estos meses debido a que encontramos dos cajas de facturas sin pagar del anterior equipo de gobierno del PP».

Tanto que el periodo medio de pago se sitúa en este mes en 143 días e incumple de lleno la Ley de Morosidad. «Pero esto no significa que tardemos cinco meses en pagar todas las facturas, sino que la media sube al incluir de golpe cientos de facturas sin conformar siquiera», apunta Solís, quien asegura que llevan casi un año intentando buscar una solución.

Estas facturas fueron presentadas por cinco empresas de servicios de notificaciones (la mayoría de impuestos a los ciudadanos) y de asistencia técnica del mismo entre 2011 y 2015, «a las que se les rebajó de forma autoritaria un 10% el pago por sus servicios, sin que hubiese un acuerdo de Pleno al respecto ni se publicase ninguna nueva licitación del servicio prestado a Diputación», explica Solís.

El montante sin pagar casi alcanza el millón y medio de euros porque las firmas afectadas siguieron presentando facturas por el importe que marcaba su contrato.

Más tarde,en 2014 el gobierno del PP publicó otra licitación para renovar el servicio y ahí ya sí cambió las condiciones, «rebajando tanto el precio que las pequeñas firmas locales quedaron fuera porque no podían competir y solo se quedaron las grandes empresas», en palabras del responsable actual del servicio.

Esta foto fija que ahora mismo deja en mal posición a la gestión económica de la Diputación Provincial de Cádiz podría tener repercusiones, según la Ley de Morosidad que fija en un periodo máximo a proveedores de 60 días (simplificando la complejidad legislativa de la gestión pública).

Una de las primeras consecuencias que podría tener este elevado plazo de pago a proveedores es que la legislación actual no permite que la Diputación (esta y cualquier otra que no cumpla) reinvierta el remanente de este año en el Plan Invierte de 2018.

«No me preocupa poder pagar porque tenemos liquidez. Me preocupa que no lleguemos con una buena media a final del ejercicio en los plazos de pago. Pero, de cualquier manera, el gobierno de España aún no ha aprobado los presupuestos generales del Estado, del que también dependemos para reinvertir el superávit», explica el diputado socialista.