Diez años de la Ley de Dependencia en diez claves

1) 50.000 beneficiarios en una década

La Ley de Dependencia cumple este enero diez años con claros y sombras. La norma, que nació para ser el último pilar del Estado del Bienestar, ha sido la bandera en la que se ha envuelto la Junta durante todo este tiempo. El sistema ha sufrido retrasos, dificultades de financiación y una fuerte presión social. La década de vigencia se ha sostenido casi en exclusiva sobre la espalda de las autonomías que rinden cuentas estos días. El Gobierno andaluz lo ha hecho este martes y ha sacado pecho por el nivel de cobertura y los recursos puestos a disposición de los más vulnerables.

El delegado provincial Fernando López Gil lo ha resumido en dos cifras que hablan por sí solas: 50.000 beneficiarios y 65.700 ayudas aprobadas desde aquel 2007 en el que las políticas sociales daban el salto definitivo.

No ha habido autocrítica ni lamento en el balance que ha hecho el responsable provincial, acompañado por el delegado de Salud, Manuel Herrera. Atrás quedaron críticas y denuncias de beneficiarios y familiares por la falta de respuesta ante las expectativas creadas. Las conclusiones se han respaldado con un presupuesto que ha alcanzado los 1.340 millones de euros en estos diez años en los que se ha construido el sistema.

2) La cuestión de la financiación

El coste de los servicios ha sido el principal caballo de batalla para el sostenimiento de la ley. La norma nació cuando aún estaba por levantar la red de centros de atención y los dispositivos que prestan los servicios. Al calor de la generosa inversión que se hizo en los comienzos surgieron como setas residencias de ancianos, unidades de día y empresas de ayuda a domicilio, teleasistencia y apoyo al mayor que iban ampliando el catálogo. El número de plazas en geriátricos y unidades de atención diurna pasó de 2.500 en 2007 a las 6.600 actuales que hay en la provincia financiadas con fondos públicos, según la última actualización que ha ofrecido la administración regional.

Pero ha sido imposible seguir ampliando, pues el presupuesto que se maneja es mucho menor. En 2012 el Ejecutivo central reducía de manera considerable la partida dejando sobre la espalda de la Junta el gran peso de la Dependencia. El reparto, que siempre debió de ser a partes iguales, se queda en un 22%-78%, lo que ha tenido sus consencuencias en la manera de reconocer los derechos. Precisamente ese asunto de la financiación ha sido una de las cuestiones que se han tratado en la conferencia de presidentes que se ha celebrado hoy.

«Desde Andalucía se ha demostrado que la atención a la dependencia es sostenible y supone una auténtica inversión social, ya que genera retornos importantes como el impulso al empleo», ha destacado López Gil. Y no ha dejado pasar por alto que «aún en tiempos de crisis cuando el presupuesto descendía, la partida para Dependencia siempre creció un 2,5% de media».

3) Faltan plazas en residencias

El reparto de las ayudas y la variación de los criterios ha sido otro de los asuntos pendientes en este tiempo. En un principio más de la mitad de las prestaciones eran de carácter económico para ayudar al dependiente en su día a día. Con la construcción de nuevos dispositivos se fue abriendo el catálogo hasta que ya no hubo capacidad para ampliar la red. El número de residencias de ancianos aún es demasiado corto para la demanda existente.

Los delegados provinciales no han ofrecido datos sobre la lista de espera, pero sí han destacado el aumento de las plazas en geriátricos y unidades diurnas -un 60% en estos diez años-. Fuentes del sector explican a LA VOZ que la demanda es aún alta y que hay muchos mayores que residen en centros a gran distancia de sus familias ante la falta de camas en las ciudades con mayor demanda. «Ese continúa siendo uno de los grandes problemas a los que no se ha dado solución», señalan las fuentes consultadas.

La parálisis de la norma ha forzado el cierre de centros como Alvernia en la capital gaditana y ha frustrado proyectos de ampliación en localidades vecinas. Sólo en lo que respecta a las plazas de geriátricos, Cádiz cuenta con un total de 2.944 plazas, como ha reconocido la consejera de Igualdad y Bienestar Social, María José Sánchez Rubio, el pasado verano en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP. El número apenas alcanza para tres de cada diez mayores de 75 años que son los que empiezan a recurrir a este tipo de centros para evitar seguir viviendo solos. En la provincia son un total de 82.077 los residentes que pasan de esta edad. Pero si se tuvieran en cuenta sólo a los más ancianos tampoco serían suficientes –hay 9.108 con más de 85 años–.

4) Centros de estancia diurna

Por el contrario, los centros de estancia diurna han ido perdiendo demanda por las dificultades que atraviesan las familias. Se trata del recurso que más se ajusta al carácter de la norma, porque favorece la autonomía del usuario y da un respiro para los cuidadores, pero es también el más caro. Esta ayuda está sujeta a un copago que, por lo general, se sufraga con un 40% de la pensión del beneficiario. Sin embargo, esa persona tiene que seguir manteniendo los gastos de su hogar y, en muchos casos, continúa ayudando a los hijos en vista de la situación económica que viven.

En lo que toca a la provincia, gran parte de estas unidades tiene detrás a colectivos de afectados o familiares. Son entidades sin ánimo de lucro que suelen facilitar en lo posible el acceso al servicio. Precisamente esa gran red de asociaciones y cooperativas con la que cuenta la provincia de Cádiz permite mantener un buen nivel de ocupación de estos centros. Tanto Fernando López Gil como Manuel Herrera han destacado la labor que llevan a cabo y que gracias a ese esfuerzo «Cádiz es una de las provincias con mayor nivel de aplicación de la ley» en todo el territorio español.

5) Un mapa de recursos

Igualmente avanzan que se ha pedido a la Junta un mapa de los recursos para saber cuáles son las plazas públicas y privadas que están a disposición de los beneficiarios y conocer la demanda de cada lugar. El sector reconoce que «es difícil mantener la homogeneidad en todo el territorio, pues hay núcleos aislados que también necesitan un recurso cerca», pero también hay que dar respuesta a aquellos que tienen mayor demanda y se ven obligados a vivir a kilómetros de sus familias.

6) La teleasistencia

En general, más del 70% de las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia están relacionadas con los servicios. Para fomentar esa autonomía y por una cuestión económica, se ha apostado por aquellos que permiten la permanencia de los usuarios en sus viviendas. La ayuda a domicilio y la teleasistencia son las más numerosas. en la provincia hay 4.506 personas que reciben el primero y 26.895 que tienen servicio de teleasistencia.

7) Retrasos en el pago

Lo que sí parece haber quedado solucionado es el pago de los servicios. La Junta ha logrado ponerse al día tanto con los ayuntamientos a los que abona mensualmente la ayuda a domicilio como con las residencias y centros de estancia diurna. Precisamente hoy ha terminado de abonar los pagos pendientes a los consistorios a los que ha transferido en 2016 un total de 28,23 millones de euros. Algunos como el de Cádiz o el de Jerez han llegado a recibir ingresos de 2,11 y hasta 5,1 millones de euros. La Diputación ha gestionado 9,4 millones para los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El delegado de Salud ha valorado el esfuerzo que ha supuesto este pago, que ha sido un 10% superior al correspondiente a 2015. Igualmente ha destacado el compromiso de abonar a los proveedores en un plazo de veinte días.

El compromiso se extiende también a los centros residenciales con los que se llegó a acumular una deuda de más de un año. La relación entre ambos se normalizó a lo largo del pasado ejercicio con un nuevo sistema que supuso un alivio económico para la administración. Se acordó dejar de abonar las plazas concertadas que estaban libres a cambio de cumplir con un nivel de ocupación e ir reduciendo los retrasos en los pagos. Varios centros residenciales confirman que «los ingresos se vienen haciendo en tiempo y forma, aunque muy lejos de esos veinte días de plazo».

8) Demoras en los dictámenes

Otro de los retos pendientes para este 2017 será la reducción de los tiempos para realizar los dictámenes y los plazos entre el reconocimiento del nivel de dependencia y la concesión de las ayudas. El delegado de Salud ha reconocido que «aún es un problema», pero destaca que «se ha ampliado el número de profesionales que elaboran los planes individuales para reducir la demora». La media, según sus datos, es de cuatro a cinco meses, aunque «los casos más complejos tardan más tiempo».

9) Empleo que genera la Dependencia

El empleo vinculado a la Ley de Dependencia es otro de los pilares. En la provincia se han creado alrededor de 6.100 puestos de trabajo, destacando los más de 1.580 que están vinculados al servicio de ayuda a domicilio.

La norma ha generado todo un sector destinado a la atención a los mayores. Fernando López Gil ha puesto en valor este nuevo motor que vino a empujar justo en los peores años de la crisis. Sin embargo, no todo ha sido empleo estable y de calidad. Muchos de estos contratos con a tiempo parcial y temporales, además es eminentemente femenino.

Las quejas

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha sido un termómetro para medir la correcta aplicación de la Ley de Dependencia. En los años más duros de la crisis, cuando la norma ha sufrido la mayor parálisis, las quejas se venían multiplicando por la falta de respuesta. Sólo en 2015 la institución andaluza recibió más de 70 consultas relacionadas con el reconocimiento de los derechos en la provincia.

Los principales motivos han sido el retraso en la concesión de las ayudas o divergencias en el reconocimiento del grado de dependencia. Uno de los casos que llegó hasta la Oficina e Jesús Maeztu fue el de un niño que fue baremado a principios de 2011 por las secuelas que le dejó un tumor cerebral y no se le asignó una ayuda hasta mediados de 2013.