SANLÚCAR

Desalojan a las familias instaladas en la corrala de San Antón de Sanlúcar

Izquierda Unida exige al Partido Socialista que paralice los desahucios o que al menos ofrezca soluciones habitacionales

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La Policía Nacional se personó temprano en la conocida como ‘Corrala de San Antón’ para ejecutar la orden judicial de desalojo que pesaba sobre diez familias que habían ocupado varias viviendas. De manera pacífica y sin ningún tipo de incidente se llevó a cabo esta actuación, abandonando las personas sin poner resistencias los inmuebles que habían ocupados hace años.

Desde el Ayuntamiento se expone que a las personas que han sido desalojadas se les ha ofrecido por parte de la Oficina de la Vivienda Digna dos meses de alquiler de modo que puedan tener lafianza y el primer mes pagado de una nueva vivienda.

Algo que para Izquierda Unida es insuficiente y así de claro lo dejó la coordinadora de la formación en el municipio, Carmen Álvarez, al asegurar que el Ayuntamiento, «a través de esta oficina, debe implicarse directamente en las negociaciones con los bancos y ha de bonificar los alquileres sociales cuando las familias no tengan ingresos.

Todo ello valorado desde los asuntos sociales. IU lamenta que en Sanlúcar gobierne un gobierno débil con los fuertes y fuerte con los débiles, que se pone de perfil ante los problemas que azotan a la ciudad y que culpa a otras administraciones de su incapacidad para solucionarlos».

La portavoz de IU va más allá y señala de manera directa al Gobierno del Partido Socialista como culpable de la falta de alternativas ante desalojos como el que ocurrió el martes.

«No ha construido en la localidad ninguna vivienda social en los últimos diez años y actualmente está paralizado ante las denuncias de dichas familias por la vía penal, por delito de ocupación, lo cual para nuestra organización parece intolerable, sobre todo viniendo de un gobierno que se hace llamar socialista, que está provocando desahucios a familias sin alternativa, muchas de ellas con menores a su cargo. El PSOE no sólo lleva más de 10 años sin construir viviendas sociales en la localidad sino que además cerró la empresa municipal de la vivienda EMUVISAN, despidiendo a todas sus trabajadoras, no es capaz de gestionar alquileres sociales con las entidades bancarias ni de pedir inversiones de vivienda a la Junta de Andalucía».

De esta forma señalaron que en el desalojo que se produjo ayer se encontraban diez menores, uno de ellos de tan solo tres meses, así como una embarazada. «No nos parece de recibo que la única solución sea el pagarle dos meses de alquiler a unas familias que no encuentran alquiler», expuso en redes sociales.