SUCESOS

Continúa la investigación del supuesto fraude millonario de Bomberos

Los implicados de la compañía de formación con sede en Madrid señalada como 'empresa pantalla' ya han declarado ante la juez que instruye el caso

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La maraña de las irregularidades detectadas en el supuesto fraude cometido presuntamente por antiguos responsables y trabajadores del Consorcio de Bomberos de Cádiz sigue desenredándose. Como se recordará, en el marco de la 'operación Flama' realizada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz de la Policía Nacional, hay catorce investigados. Doce de ellos fueron detenidos como supuestos autores de numerosos delitos: malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación o falsedad documental, entre otros, por urdir una trama con la que se calcula que pudieron malversar unos ocho millones de dinero público.

El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz que lleva el caso continúa tomando declaración a los investigados. Hace unas semanas testificaron los máximos implicados –la mayoría, como el expresidente del Consorcio, Andrés Beffa o el exgerente Javier Otalora, se acogieron a su derecho a no declarar– y hace unos días era el turno del responsable y de dos trabajadoras de Formatekno, la empresa de formación con sede en Madrid que está supuestamente involucrada en este escándalo. Esta sociedad fue elegida para que impartiera la formación on line para el personal del CPBC. Curiosamente, las indagaciones efectuadas descubrieron que la empresa se creó tan solo un mes antes de la fecha de inicio de los cursos. La Policía sostiene que se fundó ‘ad hoc’ sin que además diera nunca ese servicio. Sin embargo se sospecha que se le abonó medio millón de euros en concepto de acciones formativas. Tampoco para su contratación se siguieron los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación de dicha formación no salió a concurso.

Testimonios

Los investigados de Formatekno declararon por videoconferencia. Según ha podido saber este periódico, su responsable afirmó ante la jueza que él había sido quien presentó a los directivos del Consorcio el proyecto de formación on line y que contactó con ellos a través de un familiar, responsable de formación de CCOO. Según aseguró, firmó un contrato de colaboración con el CPBC. Y que el presupuesto formaba parte de un paquete en el que se incluían además de los cursos, la puesta en marcha de la plataforma.

Las otras dos declarantes, socias de la empresa (una de ellas administradora), también respondieron a las preguntas de las partes.Aseguraron desconocer cómo se estableció el contrato. Una de ellas aparecía como contacto en los cursos pero, al parecer, nunca atendió las llamadas.

La operación que investiga este supuesto fraude millonario comenzó hace unos cuatro años tras la denuncia que presentó en la Fiscalía Provincial el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC). Lo que primero les alertó fue la contratación por parte de los directivos del Consorcio, de un seguro de jubilación anticipada para sus funcionarios operativos en los que había «una diferencia abismal» entre unos beneficiarios y otros de la póliza. Posteriormente en una ampliación de la denuncia, también se aireaban unas presuntas irregularidades en los cursos de formación. Y se ponía además la lupa en un sospechoso acuerdo regulador de las relaciones de los empleados, justo elaborado tres años antes, del año 2010, que podría haberles dado ‘carta blanca’ para cometer estas conductas ilícitas.

A partir de la denuncia del SBC, la UDEF de Cádiz se puso manos a la obra. Durante las primeras investigaciones ya detectaron ciertas prácticas irregulares e ilegales en la gestión que se realizó durante esos años, principalmente entre 2008 y 2014. Tras realizar sus informes, los llevaron al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gaditana quien dirige el caso desde 2014.

Además del seguro contratado y de los cursos se investigan diferentes convenios suscritos con el sindicato mayoritario, CCOO, y también la justificación de la subvención recibida por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que se destinaron a financiar los sospechosos cursos de formación.

A mediados del mes de noviembre del año pasado se puso en marcha el operativo policial para la detención de los involucrados. El dispositivo más importante se realizó en Cádiz con la detención de nueve personas, quedando otras dos también involucradas pero en calidad de investigados no detenidos. La otra parte fue practicada en colaboración del Grupo 7º de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid, que arrestaron a los tres miembros de Formatekno.