PROVINCIA

Cádiz, el paraíso ¿ilegal?

Las órdenes de derribo de las viviendas irregulares en la provincia se dilatan, lo que no disuade a los infractores

Cádiz, el paraíso ¿ilegal?
M. ALMAGRO - @MariaAlmagroD - Actualizado: Guardado en:

No hay que irse muy lejos. A este pasado jueves. El Tribunal Supremo confirmaba la demolición de dos viviendas en una zona no urbanizable de Chiclana. La Sala II ha dado la razón a la Audiencia Provincial de Cádiz que emitió una sentencia condenatoria por un delito contra la ordenación del territorio. Es decir, por construir dos casas donde no se puede, y además, vendérsela a unos extranjeros «aprovechando» que no conocen la legislación española, ni el lugar, ni tan siquiera el idioma. Y para comprobar que este tipo de noticias podrán repetirse en breve, tampoco hay que irse muy lejos. Aquí al lado. Una vuelta por la Bahía, por la Janda, la Costa Noroeste, la campiña jerezana, el margen del Guadalete, la Sierra de Grazalema, el Campo de Gibraltar, basta. Es decir, recorrer la provincia es recorrer espacios donde la ilegalidad es un hecho. Una fotografía. No hay interpretación posible. El ladrillo se fija con cemento y la prueba es tan evidente como visible para todos.

Pero la ley y la práctica a veces se descompasan demasiado. Y eso es lo que parece que está ocurriendo si se atiende a los avisos que hacen desde la Fiscalía de Medio Ambiente. Según su último informe anual, la construcción ilegal en la provincia ha vuelto a dar un acelerón. Tras unos años algo más parada –en parte por el azote de la crisis económica– en los últimos tiempos ha vuelto a experimentar un incremento. Así lo cuenta la memoria que hace el Ministerio Público y que se refiere también a datos concretos. A cifras. A expedientes abiertos que reciben de casos referidos a esta ilegalidad manifiesta que salpica cada rincón de la provincia.

Lo dice claro. «La ordenación del territorio continúa siendo, de entre aquellos a los que se refiere este informe, el bien jurídico sometido a los más intensos ataques, provenientes tanto de la urbanización ilegal aislada, como de la realizada de manera masiva omitiendo todo acatamiento a la normativa urbanística. Al contrario que en años anteriores, debemos destacar que se ha roto la tendencia hacia una reducción de la actividad edificatoria ilegal como denota el notorio incremento de las diligencias de investigación penal y procedimientos en esta materia».

Más diligencias abiertas

Así explica que durante 2015 el número de diligencias de investigación del fiscal en materia medioambiental, urbanística y de patrimonio histórico experimentó un repunte pasando de 44 del año anterior a las 143, la mayoría de ellas referentes a la investigación de delitos contra la ordenación del territorio.

Según aclara, casi todas estas construcciones ilegales que son investigadas en los procedimientos judiciales, han sido previamente objeto de un procedimiento de disciplina urbanística incoado por el Ayuntamiento correspondiente o por la delegación de Medio Ambiente de la Junta, las dos administraciones encargadas de velar por el correcto desarrollo urbanístico de las ciudades. Pero, según su experiencia, estos avisos no sirvieron sino que, incluso, han ido a peor ya que, los infractores, además de construir en una zona irregular, se terminan enfrentando a una acusación doble porque al delito urbanístico se les suma su desobediencia a estas advertencias. Mirar para otro lado y siguen levantando ladrillos.

La situación se agrava además cuando se cuenta que, «a menudo», estas personas que no respetan el orden de su ciudad o pueblo ni la ley, no son ni siquiera apercibidas. Es decir, no han recibido por parte de su Ayuntamiento ningún aviso o expediente sancionador sobre que esa vivienda no podía hacerla ahí. Según las justificaciones que dan los consistorios a la Fiscalía es que tienen «exceso de carga de trabajo» y eso les ha imposibilitado llamar al orden. Según la Fiscalía y también los colectivos que trabajan por el restablecimiento de la regularidad, lo único que podría de verdad evitar el efecto llamada de esta ilegalidad es que realmente se aplicara la ley. Que quien edificara donde no puede y a sabiendas de que no es legal, que tuviera que asumir el derribo. Pero, este último paso es el más complicado. Y también el más impopular.

La dimisión de un alcalde

Buena cuenta de ello saben ayuntamientos como el de El Puerto,Chiclana, Conil o Vejer -por citar solo algunos- que se han visto en esa complicada y desagradecida tesitura de tener que ordenar el derribo de las casas de sus vecinos. Justamente, una prueba de esta ‘incómoda’ situación se vio hace poco cuando el alcalde de Chipiona anunció su dimisión. A Antonio Peña (PP) le pesó más en la balanza negarse a derribar estas casas que continuar con el bastón de mando.

En una rueda de prensa, el regidor explicó que se encontraba en «un callejón sin salida», puesto que moralmente no veía justo tener que demoler estas viviendas, cuando a su lado hay «20 ó 30» igualmente irregulares y en el resto del pueblo muchas más, que no tienen orden de demolición porque no han sido denunciadas. «Desgraciadamente lo justo no siempre es legal», afirmó.

En este caso, frente a las cifras de miles de casas construidas se encuentra otro número bastante más pobre. Durante 2015 sólo se ejecutaron tres derribos, que tenían sentencias pendientes de ejecución desde bastantes años antes. Quedan todavía más de 70 pronunciamientos. Algunos de estas ejecutorias datan de 2008.

Nuevo 'modus operandi': las casas de madera

Son más baratas que el ladrillo, más rápidas de construir, e incluso más atractivas para quien busca vivir al lado de la costa, rozando el Atlántico, en un ambiente rústico y natural. Pero estas consideraciones no pueden saltarse la ley. Las casas de madera prefabricadas son iguales de ilegales que las que llevan cemento si no tienen licencia y se colocan en una parcela donde está prohibido cualquier uso residencial que se le dé. Si la parcela es no urbanizable, no lo es a todos sus efectos. Pero esta circunstancia no ha calado demasiado en El Palmar, por ejemplo, donde se levantan ya muchas de estas casas. Sus propietarios justifican en que son menos corrosivas con el medio o que quien se las vendió no les advirtió de este importante matiz. Y la realidad:Sólo en los camping y en las parcelas especialmente habilitadas tienen su sitio. Legal, claro.

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