Los agentes de Policía Nacional en formación lamentan el coste del alquiler de viviendas en Cádiz.
Los agentes de Policía Nacional en formación lamentan el coste del alquiler de viviendas en Cádiz. - Antonio Vázquez
Laboral

Cádiz no es lugar para hacer prácticas

Los agentes de Policía Nacional se quejan del alto precio del alquiler de viviendas en verano cuando vienen a trabajar y no de turismo

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Cádiz es un destino ideal para las vacaciones de verano. La brisa del mar para refugiarse del calor de la temporada; el agua de sus playas; el ambiente en cada esquina. La capital y el marco de la Bahía, amén de su costa abierta de Chiclana hasta Tarifa, aparecen marcados con el rojo del deseo en la planificación estival de quienes preparan sus días de asueto.

Sus encantos obligan a pensar que recibir un pasaje para trabajar en tales condiciones resulta una bendición o, al menos, un mal menor para combinar con las horas laborales. Pero venir a Cádiz en estas fechas y para según qué cosas es un caramelo envenenado.

Así lo denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Los compañeros se quejan amargamente del altísimo coste que deben abonar para alquilar una vivienda en esta zona, cuando sólo vienen a trabajar y no de turismo. Por ello se demanda «una solución urgente», ya que «es un coste imposible de asumir para realizar prácticas en diversas localidades, con el exiguo sueldo que perciben los miembros de Policía Nacional».

Más de 90 agentes en formación

El 20 de este mes de julio, para continuar con su formación, se han incorporado 80 agentes en prácticas a la provincia de Cádiz, y este mismo jueves le ha tocado el turno a 12 inspectores en la misma situación.

Más de 90 agentes que velarán por la seguridad de los gaditanos en fechas donde la población se triplica en muchos casos. Y que se encuentran con las dificultades para abonar un piso de alquiler.

Además, como apuntan desde el SUP, «hay que sumar que a muchos de los funcionarios en prácticas se les complica la conciliación laboral y familiar durante el periodo de prácticas. Muchos son padres y madres, y estas razones económicas les impiden poder traerse a sus familias a sus lugares de destino para continuar con la escolarización de sus hijos e hijas».

Por este motivo «se ha cursado solicitud al Director General de la Policía para que, de manera inminente, articule soluciones para erradicar esta situación, y que se solicite partida presupuestaria a la Comisión Interministerial de Retribuciones (CIR) y de su Comisión Ejecutivo (CECIR), o al organismo que corresponda».

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