TRIBUNALES

Arranca el juicio por presunto maltrato animal de la perrera de Puerto Real

El Refugio pide año y medio de cárcel a los responsables de la perrera de Puerto Real por maltrato

Miembros de la protectora que denunció el caso antes de la vista
Miembros de la protectora que denunció el caso antes de la vista
LA VOZ - Actualizado: Guardado en:

La organización proteccionista El Refugio solicita una condena de un año y seis meses de cárcel por un presunto delito de maltrato animal para el dueño, la directora y un veterinario de la perrera de Puerto Real, cuyo caso se juzga este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz por sacrificar supuestamente a los animales recogidos de manera «indiscriminada» con Mioflex, que les ocasionaba una muerte «lenta y agónica» por asfixia.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de El Refugio, Ignacio Paunero, ha mostrado su «tremenda satisfacción» porque «se van a juzgar los hechos». «Es un paso adelante en la protección animal y esperamos una buena condena», ha señalado.

En cuanto a los hechos, ha recordado que «teníamos muchos avisos por parte de la gente y decidimos venir a comprobarlo. A partir de ahí, gracias a testigos, decidimos ir al Seprona y pusimos una denuncia que hizo que se iniciara un proceso penal».

«Conseguimos por primera vez en España que se cerrara una perrera y se acabara el terrible supuesto sufrimiento que tenían los animales», ha afirmado.

Paunero ha indicado que «hay que tener en cuenta que recogían animales de toda la provincia y eran sacrificados de una forma terrible, con un paralizante que morían asfixiados, una muerte agónica y terrorífica».

Cabe recordar que la organización proteccionista El Refugio denunció los hechos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en junio de 2007, lo que ha derivado en el procedimiento penal en el que están personados como acusación particular, reclamando un año y medio de cárcel para cada uno de los procesados.

El Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María se encargó de la instrucción de este caso, estimando su titular que el dueño y la directora «conocían el maltrato animal que se producía en la perrera de Puerto Real», e incluso «podría haber existido instrucciones a los veterinarios para utilizar el paralizante muscular para así ahorrar costes».

La organización proteccionista ha venido señalando que en la perrera de Puerto Real se recogían anualmente miles de perros y gatos de varios municipios de la provincia gaditana, los cuales eran presuntamente sacrificados con el mencionado paralizante muscular, que era «inyectado indiscriminadamente» y que ocasionaba una muerte «agónica» por asfixia que podía durar varios minutos en los que el animal estaba consciente.

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